07/03/2013 - Jujuy

"Los represores actuaron como una empresa criminal" sostuvo querellante de la secretaria de DDHH en la causa Aredez

El abogado querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad conocido como "Causa Aredes", Juan Manuel Sivila, sostuvo que para la represión desarrollada en Jujuy durante la dictadura "hubo una empresa criminal", en la que mencionó a militares, empresarios, civiles y miembros de la iglesia, y resaltó además el vínculo entre el "poder económico y el político".

Sivila realizó ayer ante el Tribunal Oral Federal(TOF) de Jujuy el alegato de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado a Antonio Orlando Vargas, ex interventor del Servicio Penitenciario, durante la dictadura cívico militar.  

  Tras describir el contexto social de nuestro país y la provincia cuando se produjo el golpe del 24 de marzo de 1976, Sivila calificó la instancia de la dictadura como un "proceso social criminal". 

   Luis Aredez fue detenido en la madrugada del golpe de 1976 en su casa de Libertador general San Martín, llevado a varias dependencias policiales y posteriormente a la Unidad Penal de barrio Gorriti, al igual que Ramón Luis Bueno, Antonio Filliu, Omar Claudio Gaínza y días después corrió igual suerte Carlos Alberto Melián. 

   Aredez y el resto de los detenidos fueron trasladados maniatados, con los ojos vendados, por fuerzas conjuntas de Ejército, Gendarmería y policías en camionetas del ingenio Ledesma, cuyo dueño Carlos Pedro Blaquier y el ex administrador general Alberto Lemos, también se encuentran procesados. 

   En la cárcel jujeña estuvieron como presos políticos en "celdas reducidas, a oscuras, húmedas, con una higiene deplorable, mal alimentados , sin asistencia médica y malos tratos", además de ser sometidos a interrogatorios a altas horas de la noche y a escuchar los pedidos de clemencia de otros detenidos torturados, expresó Sivila. 

   Hay "pruebas contundentes" de la presencia de las cinco víctimas en el penal jujeño, dijo el querellante, tal como actas de detenciones firmadas por el jefe del Área 323, coronel Néstor Bulacios, además notas de Vargas al juez Federal en la que sostiene que pese a la orden de libertad que emitió, iban a continuar 
detenidos.

 También dieron cuenta de las presencias en el penal de Gorriti numerosos detenidos, pero además la visita que le realizó a su padre Adriana Aredez junto a una hermana al que encontraron "llorando en un estado de mendicidad". 

   El abogado puso de relieve que, además de las torturas físicas, Aredez y el resto de los detenidos eran torturados sicológicamente, como con la conducta del obispo José Miguel Medina que simulando una confesión, impulsaba una "autoincriminación", tema reiterado por otros detenidos durante sus declaraciones ante el TOF. 

   Dijo además que los operativos represivos llevados adelante en Ledesma conocidos como "Noche del Apagón", entre el 20 y 27 de julio de 1976 fueron idénticos a los realizados el mismo día del golpe y subsiguientes en Mina El Aguilar, donde detuvieron a más de 27 trabajadores. 

   "Hubo aportes de listas, camionetas, instalaciones, expulsión de familias de sus hogares con la advertencia de que no vuelvan", por parte de la empresa y los represores, señaló Sivila. 

   La querella por la Secretaría de Derechos Humanos pidió prisión perpetua (equivalente a 25 años) en cárcel común para Vargas con los cargos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados (por ser presos políticos) en cinco oportunidades y asociación ilícita agravada en el marco de la figura de genocidio. 

  Adriana Aredez, dijo a Télam que el querellante había sido "preciso, claro y contundente y que esperaba la pena de perpetua" para el imputado Vargas. 
   Por su parte Carlos Cardozo, médico, quien también integró el Sindicato de Obreros del Azúcar de Ledesma en tiempos de Aredez y estuvo detenido en la cárcel de Gorriti junto a otros dirigentes, señaló que lo realizado por el gremio en aquel entonces fue un "ejemplo de unidad sindical".