La violencia de género en el contexto de la represión política, el terrorismo de Estado y los conflictos armados en América Latina es analizada en un reciente ensayo publicado por la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina.
El ensayo titulado "Género y poder - Violencias de género en contextos de represión política y conflictos armados" examina el asesinato de las mujeres como método practicado o tolerado por el Estado, desde la dictadura militar argentina (1976-1983) al femicidio de Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos.
Precisamente, por el asesinato de tres mujeres en Ciudad
Juárez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos imputó al
Estado "la responsabilidad por la violencia contra las mujeres"
en diciembre de 2009.
En esa oportunidad, la Corte Interamericana fijó un
precedente paradigmático para la jurisprudencia de América
Latina, al dictaminar que las mujeres asesinadas en Ciudad
Juárez habían sido víctimas de la violencia de género, o sea
tipificó el "femicidio" como delito de Lesa Humanidad.
La Corte Interamericana definió también el alcance "del deber
estatal" de prevención de los crímenes basados en el género.
El argentino Víctor Abramovich, actual secretario ejecutivo
del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, en el ensayo
recuerda que la Comisión Interamericana condenó también "un
patrón estructural de violencia doméstica" que afectaba a las
mujeres de la ciudad de Fortaleza, en el Estado brasileño de
Ceará, que era "acompañada por una práctica general de impunidad
judicial".
La gravedad del problema de la violencia contra las mujeres
mereció la sanción de dos tratados específicos: la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres (Cedaw en sus siglas en inglés) aprobada en
1978 y con vigencia desde 1981, y la Convención de Belén de
Pará(CBDP) vigente en el ámbito latinoamericano desde 1994.
En Argentina, la violencia contra las mujeres durante el
terrorismo de Estado recién encontró tratamiento jurídico a
partir de 2003 con la reapertura de los juicios de Lesa
Humanidad.
Uno de los casos de violencia de género más estremecedores
que reconstruye el ensayo -compilado por la argentina María
Sonderéguer - corresponde al asesinato de la guatemalteca
Rogelia Cruz, que apareció el 11 de enero de 1968 bajo el puente
del Río Michatoya, junto con otros once cadáveres de campesinos.
La antropóloga social Ana González recuerda que el cuerpo
desnudo de Rogelia Cruz fue exhibido "con las marcas del
ensañamiento: sus pechos arrancados a mordiscos, mutilados sus
genitales, había sido violada por incontables hombres".
El ensañamiento contra Rogelia Cruz obedeció a una cuestión
de clases y de género, "pues se trataba de una mujer bella,
blanca y de clase alta" que había representado a Guatemala en el
concurso de Miss Universo de 1959 y que en la facultad de
Arquitectura se había sumado a la Juventud Patriótica del
Trabajo, frente estudiantil de las Fuerzas Armadas Rebeldes
guatemaltecas.
A Rogelia Cruz "le iniciaron pagar" esa traición de clase,
fue el mensaje de sus verdugos, que se jactaron públicamente de
la "hazaña" y no ocultaron tampoco su identidad: los
responsables fueron el coronel Máximo Zepeda y miembros de la
organización paramilitar "Ojo por Ojo".
El ensayo precisamente aborda otros casos paradigmáticos como fueron las violaciones masivas de mujeres en la ex República de Yugoslavia y en Ruanda y la limpieza étnica en Bosnia.
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