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AMPLIARLa jueza Mariana Mota aclara los tantos

La jueza Mota afirmó que el Estado no es proactivo en casos de lesa humanidad

La magistrada uruguaya Mariana Mota, desplazada por la Corte Suprema de las causas de violaciones a los derechos humanos, dijo que el Estado no se muestra "proactivo" para aplicar la doctrina Gelman sobre los delitos cometidos en la dictadura.

La jueza debe ser notificada acerca de su traslado a un juzgado civil, luego de instruir más de 50 causas vinculadas a delitos cometidos por la dictadura uruguaya (1973-1985), sin que se le hayan dados razones para esa decisión.

Mota negó que haya sacado licencia, sino que se tomó cuatro días para acomodase a lo que ocurrió y “a las nuevas funciones” luego de muchos años como jueza penal de séptimo turno en Montevideo.

El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del último 22 de febrero sobre la inconstitucionalidad de la Ley Interpretativa que declaraban imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, se sumó a la noticia de su traslado, que le fue notificado el 13 de este mes.

“Yo no quisiera hacer vinculación entre los dos hechos, pero ya la han hecho otros y tienen elementos. No tengo fundamentos de la Corte acerca del porqué me han trasladado, quizás no les parecía útil lo que yo hacía”, ironizó al respecto.

“Atrás de esto hay un tema de cómo aborda el Estado uruguayo la investigación en los crímenes de lesa humanidad”, razonó y agregó: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que el Estado investigue y no hay una actitud proactiva del Estado para cumplir con lo que se comprometió en la sentencia Gelman”.

La sentencia de la CIDH en el caso Gelman emitida en febrero de 2011 establece que los delitos de lesa humanidad no son prescriptibles, ni hay amnistía ni cosa juzgada y tiene carácter obligatorio.

Para Mota, con el nuevo fallo, existe una contradicción, ya que por más que se investiguen las causas priorizando el derecho de las víctimas a saber la verdad y de que se individualice a uno o más culpables, no habrá consecuencias penales.

Además, objetó que el Estado “se limite porque considera que el derecho internacional no se aplica, maxime cuando hay una sentencia que dice sacar los obstáculos e investigar”.

La jueza no ve solución inmediata para que tales causas no prescriban y para que los culpables puedan recibir condena: “Yo sigo haciendo lecturas de caminos jurídicos posibles, pero uno siente que se cortan todas las salidas”.

“Esto no debería quedar así, se está denunciando a nivel internacional y esto es un incumplimiento fragante de la sentencia Gelman. Hasta este fallo, había expedientes con personas a punto de ser condenadas y en este estado, se archivarán. ¿Que se resuelve en esas causas?”, se preguntó.

Por otro lado, cuestionó al sistema político al considerar que “no hay una conciencia de lo que tenemos enfrente de lo que es lo se esta hablando, delitos de terrorismo de Estado que no prescribieron ni prescribirán nunca”.“No hay predisposición ni una política ni de promoción de derechos humanos ni una actividad proactiva de la sentencia Gelman”, reiteró.

“En Uruguay tenemos un gran desarrollo de la Educación y la Salud pero está rengo este sistema de protección del Estado en cuanto a que unos derechos los contempla y otros no. Acá la situación de delitos de terrorismo de Estado está bien difícil”.

El traslado de la jueza fue sorpresivo y generó la reacción de organizaciones de derechos humanos que interpretaron el hecho como un “castigo” por parte de la Suprema Corte a la magistrada por su conducta y declaraciones contra “los obstáculos” existentes en el Poder Judicial para la resolución de los casos.

“Hubo una nota que remite a marzo 2012 donde yo hice un análisis del sistema penal”, aclaró al referirse a un artículo publicado por el periódico argentino Pagina /12, el 19 de marzo del año pasado.

Según la jueza, en esa nota remarcaba la “lentitud del sistema penal uruguayo sobre las causas de terrorismo de Estado”, y ello generó polémica y pedido de informes, un camino de obstáculos hasta llegar al pedido de traspaso.

“Yo aplicaba derecho internacional en la base de las investigaciones, y tenia muchos problemas por eso. Hubo varios enfrentamientos cuando requería colaboración, sobre todo con el ministerio de Defensa con quien hubo una situación de fricción”, explicó analizando las posibles causas de la medida.

Por último, se refirió a la posibilidad de retornar al juzgado del que formó parte: “Apelé para que se revea que lo que hizo no beneficia al servicio, pero no tengo muchas esperanzas”.