La Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ) realizó una denuncia penal contra activistas que el viernes ocuparon su sede, en el centro de Montevideo, para protestar contra el traslado de una jueza que tenía a su cargo unos 50 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1985).
El vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, explicó que la denuncia es por ocupación de edificio público, lo que está penado por un decreto del gobierno anterior de Tabaré Vázquez y agregó que la jueza Gabriela Merialdo tendrá a su cargo el caso y analizará los videos de los hechos.
Los manifestantes ingresaron a la sede del organismo en
rechazo al traslado de la jueza Mariana Mota, desde la justicia
penal a la civil, a la hora en que debía cumplirse el acto de
juramento de la magistrada para asumir su nueva función.
La SCJ entiende que los activistas intentaban impedir el
acto, mientras que éstos argumentan que las ceremonias de
juramento de los jueces son públicas y que nadie les impidió el
ingreso a la sede.
Tras varios minutos de forcejeos y tensiones, los
manifestantes fueron desalojados sin necesidad del uso de la
fuerza.
En las afueras de la sede, unos 300 activistas de
organizaciones de derechos humanos y personalidades de la
política y la cultura, entre ellos el escritor Eduardo Galeano y
el cantautor Daniel Viglietti, protestaban contra la resolución
judicial.
Mota tenía a su cargo las investigaciones por unas 50 denuncias de casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por militares durante la dictadura y por la caída el año pasado al Río de la Plata de un avión empresarial, del que aparecieron las cajas negras y restos del fuselaje, pero no los cuerpos de sus dos ocupantes.
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