07/02/2013 - Lesa humanidad: Jujuy

Tribunal retomó audiencias y escuchó a ex jueces federales

El Tribunal Oral Federal de Jujuy que lleva adelante el primer juicio de lesa humanidad en la provincia por secuestros, torturas y desaparición de personas durante la última dictadura cívico-militar, retomó ayer las audiencias luego del receso y escuchó el relato de dos ex jueces federales que se desempeñaron antes y después de ese proceso.

En ese marco, Carlos Magnus Topp, quien asumió como juez Federal en la primera quincena de enero de 1977 hasta 1984, sostuvo que “todos los habeas corpus” que se presentaron en el juzgado “se tramitaron, pero ninguno tuvo éxito”. 

   Señaló además que los pedidos realizados por detenidos y personas desaparecidas “no precisaban dónde estaban” o “no se encontraba a las personas”, al tiempo que señaló que en “todos los procedimientos desde el Juzgado Federal no intervenía ninguna autoridad militar”. 

  Dijo además que en la primera visita que realizó al Servicio Penitenciario Provincial supo que “había otros detenidos a disposición del Poder Ejecutivo” con un régimen carcelario, al que calificó de “severo”. 

  Advirtió que desde el juzgado labraron un expediente pidiendo  que se les diera otro régimen, pero no hubo cumplimiento de la orden, pero luego se cumplió “porque muchos de los detenidos fueron trasladados” sin aclarar su destino. 

  Cuando le preguntaron si conocía a los represores Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni, manifestó no haberlos conocido  pero sabía que pertenecían a las Fuerzas Armadas. 

  Tanto Braga como Bulgheroni, al igual que el ex oficial Antonio Orlando Vargas -ex interventor en el Servicio Penitenciario- están acusados en el juicio de lesa humanidad que unificó cinco causas. 

  Respecto al dirigente sindical telefónico desaparecido Alberto Máximo Tell, Magnus Topp señaló que recordaba haber tenido un expediente de “esa personas” y agregó: “Supongo que se debe haber presentado un habeas corpus”. 

  En tanto, el ex juez federal Néstor Eduardo Meyer fue designado en el cargo durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón en octubre de 1974 y renunció un día después del golpe, recordó. 

 Tras asegurar que no tuvo durante el ejercicio en el cargo “ningún detenido del PEN”, Meyer dijo que desconocía si la policía “estuvo subordinada al Ejército” y cuando le consultaron si conocía a algunos detenidos y detenidas, de los que le señalaron algunos nombres, respondió que no. 

  Dijo no recordar nada de los mineros de `El Aguilar` que trasladaron detenidos a Jujuy el primer día del golpe militar, ni tampoco de Luis Aredez, el ex intendente de Libertador, víctima de la “Noche del Apagón”, posteriormente desaparecido. 

  En esos hechos está vinculado el dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y el ex administrador general Alberto Lemos, ambos procesados pero en libertad. 

  "El poder militar y de seguridad hacía las cosas a su antojo", afirmó el ex juez Meyer, quien posteriormente a dejar la justicia federal comenzó a revistar en la justicia provincial. 

  Tanto Toop como Meyer tuvieron un interrogatorio limitado al trámite de ampliación de la imputación que pidieron los fiscales y las querellas para el acusado Antonio Orlando Vargas por torturas y tormentos, quien llegó a juicio bajo los cargos de “partícipe secundario de privación ilegítima de la libertad”.

También, en la jornada, prestaron testimonios el ex diputado nacional y actual intendente de San Pedro, Julio Moisés, detenido en la cárcel jujeña a comienzo del golpe, Soledad López, detenida desde 1975; Juan Bosco Mecchia, detenido desde comienzo de 1976, quiénes se refirieron a las condiciones en que vivieron en la cárcel durante sus detenciones.

El tribunal integrado por los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morí, continuará mañana viernes a partir de las 9 con los testimonios, en el marco de la etapa final de  pruebas.