La ejecución de un dirigente del Movimiento Sin Tierra en una plantación de caña de azúcar en el sudoriental estado brasileño de Río de Janeiro, donde en los años 70 eran incinerados opositores a la dictadura, refresca un capítulo de la historia más trágica de este país.
En el libro "Memorias de una guerra sucia", el exagente de Departamento de Orden Político y Social, Cláudio Guerra, relata la incineración de 10 militantes de izquierda, para no dejar rastros, en el horno de la Usina Cambahyba, en Campos dos Goytacazes, un municipio del norte del estado de Río.
Ahora, 40 años después, el nombre de este complejo agrícola-industrial
de siete haciendas de 3.500 hectáreas vuelve a estar vinculado a la
represión de una voz molesta, pero en plena democracia.
Cícero Guedes, de 54 años, era un importante líder del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que encabezó la ocupación de predios en la Usina Cambahyba que dio origen al campamento Luiz Maranhão.
"Era una figura muy simbólica, y con ello quisieron dar un mensaje muy
fuerte al MST, que está organizando a los trabajadores por la tierra en
la región", dijo a IPS uno de sus dirigentes nacionales, Marcelo Durão.
"Estamos ante un enfrentamiento con las fuerzas opresoras de la región",
señaló tras recordar a Guedes como "un fuerte militante, coherente y
muy centrado en la lucha por la tierra, y una referencia en la
producción agroecológica".
Para Marcos Pedlowski, profesor de la Universidad Estatal del Norte
Fluminense que desde 1998 estudia allí la cuestión agraria, el asesinato
"es claramente un intento por quebrar la organización y no es una
disputa pequeña". La figura de líder asesinado "concentraba la imagen de
los esfuerzos de la lucha por la tierra", agregó.
El dirigente del MST murió por el impacto de al menos 10 disparos tras
caer en una emboscada la madrugada del 26 de este mes cerca del complejo
industrial cañero. Volvía en bicicleta de una de las tantas reuniones
para regularizar la situación de las 100 familias de campesinos del
campamento.
La disputa por la tenencia de la tierra con grandes empresarios en esa
región "se ha agravado por la morosidad en la tramitación de procesos
judiciales que involucran inmuebles considerados improductivos y, por lo
tanto, sujetos a expropiación para la reforma agraria", observó la
secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de Brasil, Maria do
Rosário Nunes.
El caso de Cambahyba es "ilustrativo", añadió la funcionaria en un
comunicado.
La autorización judicial de la expropiación de agosto de 2012, que
permitirá dar continuidad efectiva al proceso, fue emitida 14 años
después del dictamen del Instituto de Colonización y Reforma Agraria
(Incra).
"El telón de fondo (del asesinato) es la lentitud de la justicia
federal", coincidió en entrevista con IPS el diputado estadual Marcelo
Freixo, del Partido Socialismo y Libertad y presidente de la Comisión de
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
"Los latifundios de esa región de procesamiento de caña están en
bancarrota, con deudas al Estado en un área de gran concentración de
pobreza y sin tierra. Es donde el Incra tiene que garantizar la reforma
agraria", señaló.
Esos latifundios pertenecieron al ahora fallecido Heli Ribeiro Gomes, ex
vicegobernador de Río de Janeiro, que pasaron a sus herederos.
En el mencionado libro, Guerra relata que se aprovechó de la amistad con
Ribeiro Gomes para desaparecer los cuerpos de los militantes
izquierdistas usando el ingenio.
La versión es "absurda", según los familiares de Guerra, pero la
historia no desmiente otros hechos tan macabros como ese, inclusive en
la actualidad, como los asesinatos de Guedes y de otros activistas
rurales que no tuvieron tanta repercusión.
"Nos dicen que fueron cremados 10 militantes. Pero podemos creer que
fueron muchos más", destacó Durão. La zona es famosa por la violencia
histórica contra los trabajadores rurales de parte de familias
azucareras y de sus "matones".
Durão llamó la atención sobre la "brutalidad" del asesinato, de "forma
premeditada" con unos cuatro disparos en la cabeza y seis en el lado
izquierdo del tórax.
Freixo apuntó que "fue un asesinato grupal, una emboscada…, y no se llevaron nada. Claramente fue una ejecución".
El norte fluminense no ha cambiado mucho desde esos años de dictadura
(1964-1985) ni de siglos anteriores, cuando la explotación de la caña de
azúcar remitía a las primeras formas de esclavitud en Brasil. Al menos
en lo que se refiere a temas esenciales como la propiedad de la tierra,
la explotación humana y la violencia.
En 2009, un informe del Ministerio de Trabajo señaló a Campos dos
Goytacazes como la región con el mayor número de casos de trabajadores
en condiciones análogas a la esclavitud en pleno siglo XXI, precisó
Freixo. No es de extrañar cuando se considera que ese territorio fue el
último en abolir la esclavitud.
Pedlowski, autor del libro "Desmontando el latifundio. Saga de la
reforma agraria en el norte fluminense", destacó la concentración de la
propiedad agraria, vinculada al monocultivo de caña y a la violencia.
El coeficiente Gini, que mide la desigualdad y que va de cero a uno,
ubica a Campos en 0.8 en la escala de concentración de la tierra, la
mayor del estado de Río de Janeiro.
"Las familias que mandan en Campos son las mismas", en una región que es
"cuna tradicional de la extrema derecha, como (la organización católica
hoy disuelta) Tradición, Familia y Propiedad", y que incorporó los
escándalos de corrupción política de los nuevos tiempos.
Guedes luchaba de modo ferviente contra los el uso de productos químicos
tóxicos en la agricultura, además de combatir esa injusticia secular.
Es que fue cortador de caña en el norteño de estado de Alagoas antes de
unirse al MST en 1996 y conseguir su tierra en el asentamiento Zumbi dos
Palmares.
Padre de cinco hijos, el campesino promovía una huerta agroecológica y
era una referencia en las ferias de esos productos y en la coordinación
local para el gubernamental Programa de Adquisición de Alimentos, que
estimula la agricultura familiar para abastecer las meriendas escolares.
"Él no aprendía en la universidad. Los demás aprendíamos con él", contó Pedlowski.
"Su vida giraba en torno del MST. Hacía muchos sacrificios para
conseguir colectivos de comercialización en la producción… y no se
satisfacía con tener garantizada su tierra. Iba al frente de las demás
ocupaciones. Era su animador", enfatizó.
"Eliminar a un líder expresivo como él muestra el grado de impunidad y de parálisis de la reforma agraria, especialmente tras la llegada al gobierno de Dilma (Rousseff)", concluyó.
Según el MST, el gobierno actual no solo no consiguió resolver el
problema de 150.000 familias acampadas a la vera de carreteras esperando
tierras, sino que aumentó la concentración agraria, inclusive en manos
de empresas de capital extranjero.
Un informe del Incra indica que en 2012 invirtió unos 1.050 millones de
dólares y benefició a 23.000 familias en 117 asentamientos.
El año pasado, añade, el organismo consiguió que se decretara de interés social 31 inmuebles para fines de reforma agraria.
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