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AMPLIAREmilio Herrera Molina

Tras el pedido de juicio político, renunció el juez Herrera Molina

Emilio Herrera Molina, uno de los integrantes del tribunal que absolvió a los 13 imputados en el juicio por Marita Verón, aclaró que seguirá en el cargo hasta completar los trámites de jubilación que inició oportunamente.

El vocal de la Sala II de la Cámara Penal aclaró que seguirá en el cargo hasta completar los trámites de jubilación que inició oportunamente, con lo que busca evitar el Jury de Enjuiciamiento, proceso que se puso en marcha hoy con la presentación  que realizaron los abogados de Susana Trimarco.

La nota fue presentada hace unos días y ya está en poder de la Corte Suprema de Justicia, según informaron a Télam voceros judiciales.

El magistrado renunciante tiene 69 años, entró a la Justicia en 1986 y se desempeñó primero como juez del Crimen en Concepción;  luego fue fiscal de Cámara en la capital y desde 1992 integra la Sala II de la Cámara Penal.

Con esta dimisión, Herrera Molina evitaría someterse al proceso de destitución que esta mañana puso en marcha Trimarco, la madre de Marita, mediante una denuncia presentada en la Legislatura contra él y los otros integrantes del tribunal, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano.

La comisión de Juicio Político recibió la denuncia y procedió a pedir que los denunciantes ratifiquen o rectifiquen las acusaciones, lo que se descuenta que se producirá mañana.

A partir de ese momento comenzará el proceso que desembocará en el Jury de Enjuiciamiento, que se constituirá en febrero y tendrá la responsabilidad de determinar si corresponde o no la destitución de los jueces denunciados.

En la presentación, los abogados acusan a los jueces integrantes de la Sala II de la Cámara Penal de haber incurrido en delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes de su cargo (art. 47, 125 al 131 de la Constitución Provincial).

Los hechos que motivan la denuncia se basan en la conducta y procedimientos de los integrantes de la Sala II durante el juicio cuyo fallo fue dado a conocer el día 11 de diciembre del corriente año en curso.

Los abogados recuerdan que el expediente fue elevado a juicio en el año 2004, y en fecha 18 de mayo de 2009 la Sala II de la Cámara Penal fue designada mediante sorteo para entender en el debate oral.

"Pasaron 8 años para que se produjera el debate oral y público, desde la elevación a juicio, y 2 años y 7 meses desde que fue designada la Sala II", indican.

Además, señalan que en 2011 tuvieron que interponer ante esa sala el pronto despacho para su iniciación, el que fue rechazado.

"Eso motivó nuestra queja por denegación de justicia ante el Superior Tribunal, el que corrió la misma suerte", señalan.

Tras hacer una breve reseña sobre el juicio y los imputados, la nota resalta las principales irregularidades advertidas en el debate oral y público.

"Podemos establecer una suerte de inventario: amenazas a testigo, amenazas a abogados; amenazas a imputados, incumplimiento de deberes de funcionario público por parte de los jueces del tribunal (inc. 1, 2, 4, 5 y 7 del art. 4 de la ley 8.199)", añade el escrito.

"Todo ello dejó al desnudo un debate oral y público parcial, al margen del juicio justo y debido proceso legal", indican los abogados que firman la presentación, Carlos Varela Alvarez, José D`Antona y Carlos Garmendia.

D`antona, a cargo de la querella, calificó a los jueces de "corruptos" e indicó que "han incurrido en negligencia, parcialidad y están fuertemente sospechados de algún tipo de irregularidad económica".

"Pedimos la destitución de los tres jueces (Piedrabuena, Molina y Romero Lascano) por las irregularidades cometidas durante los diez meses y medio de audiencias, todas las violaciones al Código Penal y otros tipos de normativas", indicó D`Antona.

Según el abogado, "son muchas las cosas que han sucedido y no las podemos dejar pasar por alto".

"Durante todo el juicio, estos tres jueces no les creyeron a las víctimas y según la opinión de ellos las mujeres rescatadas de prostíbulos y que atestiguaron haber visto en esos lugares a Marita Verón, eran putas que estaban en los burdeles porque querían", agregó.

D`Antona aclaró que "nunca nadie dijo que toda la Justicia tucumana es corrupta, ni mucho menos, pero por culpa de estos tres jueces están sospechados injustamente y están pagando justos por pecadores, ya que en esta provincia hay jueces probos, honestos y comprometidos".

"Cuando se produzca la destitución de estos tres jueces, tal como lo pedimos, el poder judicial de Tucumán va a poder descansar porque es culpa de ellos que están todos sospechados", añadió.

El abogado de Trimarco explicó que la presentación es "el resultado de 10 meses y medio de ilícitos e irregularidades que han cometido estos tres jueces con testigos, víctimas, abogados y con los propios imputados".

También destacó "las amenazas que recibieron (los abogados) Garmendia y Belén Lembo", ambos de la Fundación María de los Angeles.

Por otra parte, la Asociación de Magistrados de Tucumán dio a conocer hoy un comunicado en el que señala que tras el fallo "se produjeron acusaciones sin fundamento alguno, desprestigiando la labor de cientos de personas que entregan su esfuerzo en pos de una mayor y mejor justicia".

"Sorprende y alarma a esta Asociación que desde diferentes sectores sociales se haya condenado un fallo a escasos minutos de su pronunciamiento, sin conocer sus fundamentos, agraviándose a los jueces que lo dictaron", señalan en el texto.