Con el reconocimiento de los nombres de muchas de las tantas víctimas vistas en los campos de concentración que funcionaron en la Jefatura de Policía, en el ex ingenio Nueva Baviera y en el Arsenal “Miguel de Azcuénaga”, citadas por el Fiscal, Leopoldo Peralta Palma, se inició la declaración prestada por el testigo-víctima Juan Martín Martín, en la sesión matutina de este viernes 21 de diciembre, la última de este año 2012.
Una sesión citada para las 9 de la mañana, pero que comenzó recién a las 11.20, tras la resolución por los miembros del Tribunal Oral federal (T.O.F.) de diferendos planteados por los defensores de los imputados, en la jornada anterior.
Martín reconoció haber visto en la Jefatura a los estudiantes Víctor Moreira, Antonio Domingo Paz, de Los Ralos, a Berta Soldati, y al alumno de la Universidad Tecnológica Juan Carlos Bustamante (no estaba seguro si lo había visto allí, o en el Arsenal); a un muchacho de apellido Díaz (esposo de Susana Macor), y a los trabajadores o militantes políticos Alicia Burdisso, Juan Carlos Andrada, a José “Tucho” Almerico, a un joven de apellido Corroto, y a María Teresa Sánchez De la Vega (vista por otra víctima, Aída Villegas).
En el Arsenal, por otra parte, vio a José “Tucho” Almerico, a Germán y Anabel Cantos, a los estudiantes “Lucho” Falú, Hernán Eugenio González y Raúl Alberto Vaca Rubio, a Leandro Fote (lo vio también en Nueva Baviera), a un padre y su hijo de apellido Argañaraz, a un médico de Aguilares de apellido Augier, a Julio César Campopiano, y al empleado bancario Medina Gutiérrez y su esposa.
Del CCD “Jefatura”
El testigo recordó que al desarmar las instalaciones del Servicio de Informaciones Confidenciales (S.I.C.), toda la papelería allí archivada pasó al Departamento de Informaciones policial (D2). Pero además recordó que hubo dos mujeres entre la custodia en los calabozos de la Jefatura. Una de ellas llamada “Mary”, de la que no recordaba el apellido. La otra era la esposa de un oficial del S.I.C. de apellido Chaile.
Pero también recordó como integrantes de la “patota” de este organismo, cuyo titular era el “Tuerto” Albornoz, a unos cuantos policías citados ya en otras declaraciones, y entre ellos a Juan Alberto Abraham, María Luisa Acosta de Barraza, Hugo Javier Figueroa, Pedro Joaquín Pasteris, Rolando Reyes Quintana y Antonio Esteban Vercellone.
Respecto del S.I.C., Martín destacó que la policía provincial, aunque en particular este organismo (con jurisdicción en toda la provincia), integrado por un grupo “especial” de inteligencia, tuvo un rol destacado en la “masificación de la represión”, que se dio en todos los niveles de las diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles. Conducido por un supervisor militar específico, el S.I.C. tuvo a su cargo la información, secuestro, identificación, tortura y en muchos casos la ejecución de militantes. Y “el objetivo” de este “circuito perverso” era “hacerle perder la identidad, aniquilar, romper, destruir a la víctima, para obtener información que permitiera nuevos secuestros y la captura de otras víctimas”. “El valor de la vida y la dignidad humana se acababan con el secuestro de una persona”, destacó.
En Jefatura, recordó el declarante, había una sala central con alrededor de 30 personas, un calabozo común que contenía de 25 a 30 personas en total hacinamiento, y unos 10 o 15 calabozos individuales. Había además otro calabozo grande, casi siempre vacío, en el que él estuvo alojado un tiempo.
Respecto de empresarios o civiles cómplices en la represión política, Martín citó a “un sector del personal del ingenio Fronterita, ligado al grupo de tareas del ex ingenio Nueva Baviera, y a la sección Recursos Humanos de la empresa Scania, que pasaba información sobre actividades sindicales al S.I.C.
Del C.C.D. “Nueva Baviera
“Se trataba de una importante base militar en la que funcionaba un centro de operaciones, desde el que salían y entraban permanentemente camiones, jeeps, automóviles, camionetas y helicópteros, y en el que se concentraba a las víctimas en un gran salón (en el que casi siempre había unos 10 detenidos, aunque algunas veces llegó a tener alrededor de 40) que contaba con dos “laboratorios” con mesadas grandes de mármol en las que se torturaba. “En este caso no se trataba de un campo de concentración estable, sino sólo de paso”.
El jefe de este campo era el teniente coronel Arrechea, y el segundo jefe, el mayor Neme. Pero además había un teniente Valdivieso que participaba en traslados de víctimas. Este C.C.D. estaba a cargo del ejército, y tenía jurisdicción sobre otras bases ubicadas en Lules, Bella Vista y Monteros. El grupo operativo, aparentemente, sólo tenía a su cargo la custodia de los detenidos.
Del C.C.D. “Arsenal”
Recordó Martín su traslado en un auto de Gendarmería, desde la base de Monteros al Arsenal Miguel de Azcuénaga, institución cuya custodia estaba a cargo de gendarmes que de noche, “por diversión o por bronca” golpeaban o agarraban a patadas a los detenidos, “sólo a algunos, o a todos”. Y había una guardia nocturna que hacía cantar a las víctimas, y otra que las hacía rezar. “Den gracias a Dios porque por un día más están vivos”, solía repetir el que comandaba este grupo místico.
En estas instalaciones había un pabellón con una capacidad para 15 o 20 personas, en el que llegó a haber hasta 40. Y estaba siempre lleno, aunque había mucha movilidad porque permanentemente faltaba gente de la que nada se sabía nunca más. Allí, Martín reconoció a un capitán Mur, oficial del batallón 142, al que había conocido en Nueva Baviera.
Otros aspectos de un calvario
Al rememorar su declaración ante la CADHU, en España, Martín refirió las amenazas proferidas a su familia por el policía Héctor Domingo Calderón, ex miembro del grupo de tareas de Nueva Baviera y luego de la patota del S.I.C.. Relató también las cartas con amenazas recibidas por él mismo, muchas de ellas anónimas, y otras entre las que se contaba la que le envió David Flores, del S.I.C., y otra, firmada por un tal “cordobés”, que supone Martín habría sido De Cándido.
Finalmente, y al ser consultado sobre una declaración suya del año 1985 ante el CELS, de la que participaron representantes de la Comisión Bicameral de Tucumán, y en la que mencionó nombres de personas vistas en la Jefatura, recordó a un número importante de ellas, y en particular a Adriana Mitrovich (cuyos restos fueron recientemente identificados), a su esposo de apellido Torres Correa, a los miembros de la familia Rondoletto, todos desaparecidos. Esta familia era propietaria de un automóvil Ami 8 rojo que les fue robado por los secuestradores y entregado tiempo después como regalo por el “Tuerto” Albornoz a un sargento por “su buen comportamiento”. Y recordó al comisario Wenceslao Quinteros, asesinado por filtrar información policial.
Eran las 13.40 cuando la sesión pasó a cuarto intermedio hasta la tarde.-
Vicente Guzzi
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