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Uno de los imputados recuperó su tono castrense para objetar al testigo
Camara fotoAMPLIARUno de los imputados recuperó su tono castrense para objetar al testigo
20/12/2012 - Causa Arsenales - Jefatura II

Uno de los imputados recuperó su tono castrense para objetar al testigo

Una sesión matutina extraña fue la de ayer, que en su mayor parte estuvo dedicada a escuchar la grabación (durante más de una hora y media) de la declaración que en el juicio “Jefatura de Policía I” había ofrecido el testigo y víctima Juan Martín Martín. El ex militar Jorge Lazarte, cuestionó testimonios de testigos y reivindicó las "acciones militres".

Controversia superada al inicio de la audiencia.

Este ex militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), fue secuestrado por fuerzas policiales en agosto de 1976 y liberado, con opción para salir del país, en setiembre de 1978, tras haber sido salvajemente torturado y golpeado en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ex Jefatura de Policía, en ex ingenio Nueva Baviera, en la comisaría de Monteros, y en el arsenal “Miguel de Azcuénaga”.

El comienzo de la jornada fue escenario de una controversia por la participación de este testigo, que no sería presencial, sino desde el Consejo de la Magistratura, en Buenos Aires, por videoconferencia, tal como dispusieron las autoridades del Programa Especial de Protección de Testigos. Y esta medida, que ya había sido cuestionada en la última jornada de la semana anterior, volvió a ser criticada por los defensores de los imputados. Pero, además, estaba previsto que antes del nuevo interrogatorio a Martín, y a efectos de evitar repreguntas, debía escucharse la declaración anterior, de más de cuatro horas y media de duración. Ante esta circunstancia, el presidente del Tribunal, doctor Jiménez Montilla, había sugerido que primero fuera interrogado Martín, lo que fue rechazado por la Fiscalía.

Pero al intentar la reproducción del correspondiente video, y para solucionar inconvenientes técnicos, debió concretarse un  prolongado cuarto intermedio, aunque antes, el defensor del militar Jorge Lazarte había informado que su defendido quería dirigir unas palabras al Tribunal.

Muchos datos y pocas nueces…

Fue así, entonces, que al reanudarse la sesión, el ex militar Jorge Lazarte, con una actitud autosuficiente y estudiada voz castrense inició su exposición. Se trataba, según él, de  “algunas consideraciones” referidas al desarrollo de esta megacausa. En realidad fue bastante más que eso.

Según el imputado, hubo 29 testimonios de “perjudicados”, que manifestaron haber sido miembros de “organizaciones de superficie, sociales, sindicales y estudiantiles”, pero en ningún caso “subversivos, por lo que a él y a sus pares les “quedó la duda de a quién enfrentaban, cuando las fuerzas armadas y las de seguridad” comenzaron a operar en 1976.

En esa línea recordó que el testigo Sosa Padilla dijo haber sido un “simpatizante” cuando estuvo en Plaza de Mayo y Perón acusó de “infiltrados” a los miembros de la JP. “Pero -a su juicio- nadie viaja mil doscientos quilómetros siendo sólo un simpatizante”. Luego, al recordar que otro testigo, Julio César Rodríguez Anido, hizo referencia a que, en la década del ’70, se estaba en la búsqueda del “hombre nuevo”, intentó marcar una contradicción al cuestionar que defendiera a “elementos pertenecientes a dos organizaciones que de democráticas tenían muy poco”, aludiendo obviamente al “PRT-ERP” y a “Montoneros”.

Y no contento con eso, Lazarte historió el nacimiento de ambas organizaciones, producido -según él y en ambos casos- el 12 de octubre de 1973, y afirmó que “en una y en otra había personajes que sostenían “disvalores”. Además, en su opinión, “el ERP” nació “disfrazándose dentro de las organizaciones peronistas”, y en 1974 comenzó sus operaciones “para desestabilizar la nación”. Por otra parte, en Tucumán operaba desde la capital “hasta Aguilares, hacia el Oeste y hacia el Este”. 

A esa altura pidió autorización para que otro imputado, de apellido Ocaranza, leyera un  documento en el que se destacaba en palabras del propio ex presidente Perón, el “heroico y leal comportamiento de los soldados al defender la Patria”, y que “el objetivo de estos grupos minoritarios (ERP y Montoneros) es el pueblo argentino”. Además, según el documento, el propio ex mandatario habría solicitado a las fuerzas armadas “exterminar uno a uno” a los miembros de esos “reducidos grupos de psicópatas”.

Abundó en detalles, más adelante, sobre operaciones desplegadas por ambas organizaciones, citó “unidades básicas de combate”, títulos de libros, declaraciones, alias de dirigentes guerrilleros y nombres de autores, y afirmó la existencia de dos “compañías de monte”, la “Ramón Rosa Jiménez, del ERP”, y la “Marcos Osatinsky, de Montoneros”. Y en un estallido de ilustración político-militar, afirmó que el objetivo de ambas organizaciones era “la toma del poder”, “al margen de la Constitución”…

Pero lo que no pudo explicar a lo largo de su extensa perorata fueron las razones por las que el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad parecieron más actos clandestinos que una lucha en defensa de la democracia. Tampoco reconoció que las acciones represivas, más que una defensa de la Constitución constituyeron un plan sistemático de aniquilamiento de los sectores populares. Y a pesar de conocer tantos detalles de la historia reciente y del funcionamiento de las organizaciones político-militares, tanto Lazarte como sus pares siguen afirmando que desconocen el destino que se diera a los miles de ciudadanos argentinos desaparecidos…

La falta de pruebas

Y a propósito de lo que recientemente ocurrió en nuestra provincia, con la absolución  de los trece imputados en el caso Marita Verón, “por falta de pruebas”, cabe recordar que tanto Lazarte como sus pares Ocaranza, Neme y Torres, (ex coordinadores de tareas en el Distrito Militar), efectuaron oportunamente una presentación ante el Consejo de la Magistratura invalidando esta megacausa por una supuesta falta de pruebas. Desconocían, tal vez, la abundante jurisprudencia en el mundo, y los fallos de Cortes internacionales a los que adhirió nuestro país, que  dan fuerza de prueba a los testimonios de víctimas de delitos de lesa humanidad.-

Vicente Guzzi


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