El ministro de Educación, Alberto Sileoni, y el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, firmarán hoy un convenio de cooperación con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) para incorporar a las casas de altos estudios como asesoras de las comisiones de la cámara baja.
De la rúbrica, que se realizará a las 11 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación (Av. Rivadavia 1850, Ciudad de Buenos Aires), participarán además el titular del CIN, Guillermo Crapiste, y su par del CRUP, Juan Carlos Mena.
El acuerdo habilita a las casas de altos estudios a “conformar e integrar comisiones de trabajo (…), crear equipos interdisciplinarios para el desarrollo y estudio de tareas legislativas, y (…) brindar asesoramiento en aquellos temas que requiera la Presidencia de la Cámara que, por su complejidad, ameritan un estudio pormenorizado”, entre otras tareas.
Según lo expresado en el convenio, se convoca a las universidades “para que contribuyan, mediante el aporte de su experiencia y su participación en los múltiples temas y debates abordados por la Cámara, enriqueciendo su tratamiento”.
“Las universidades argentinas poseen un capital humano y de conocimientos incuestionable resultando ventajosa su cooperación activa en la labor legislativa desarrollada por la Cámara”, agrega el texto.
Y señala, por último: “En el marco del concepto de ‘sociedad del conocimiento’, ya nadie pone en duda que la universidad cumple un rol central y privilegiado en la generación de condiciones que permitan un desarrollo económico sostenido, un escenario de mayor equidad distributiva y el fortalecimiento de las instituciones y valores democráticos”.
En la misma ceremonia, Sileoni y Domínguez firmarán un acuerdo para que aquellos empleados de la Cámara Baja que no hayan concluido sus estudios en el nivel secundario puedan hacerlo a través del Plan de Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs) de la cartera educativa nacional.
El Plan FinEs fue lanzado en 2008 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de garantizar la terminalidad de la escolaridad obligatoria a jóvenes y adultos que no hayan iniciado o completado sus estudios en término.
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