La Cámara de Diputados de Uruguay comenzó a discutir ayer un tratado de intercambio de información tributaria con Argentina, un acuerdo cuestionado por la oposición política y que ya genera una retracción en el sector inmobiliario local.
El acuerdo, que había sido suscripto por ambos gobiernos el 23 de abril, fue aprobado en noviembre en el Senado con 16 votos favorables del Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, y la negativa de los partidos opositores, Nacional y Colorado.
El tratado, que entrará en vigencia una vez sancionado por la Cámara de Diputados, cumple dos de las condiciones que planteaba Uruguay para su firma, como la no retroactividad y que no operen agentes fiscalizadores de otras administraciones dentro del territorio uruguayo.
Para evitar la doble imposición se crea un mecanismo de crédito fiscal por el cual si un argentino tiene una propiedad en Uruguay y paga en éste país el Impuesto al Patrimonio, la Dirección General Impositiva (DGI) le otorgará un certificado para descontar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina ese impuesto.
Por otra parte, la no retroactividad implica que ante un requerimiento del Fisco argentino, Uruguay va a informar al día del pedido por los bienes o activos que tiene la persona jurídica o física por la que se consulta.
Con esos datos, Argentina no podrá recalcular y cobrar impuestos retroactivos, aunque sí puede gravar esos bienes desde el momento en que se la da información hacia adelante.
El mismo criterio se aplicará cuando Uruguay solicite información a Argentina. Asimismo, se establece que el secreto bancario no puede ponerse como excusa para negar la información solicitada.
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