AMPLIARCausa Jefatura II, Arsenales II

14/12/2012 - Causa Jefatura II - Arsenales II

El objetivo de Martínez de Hoz fue lograr "una nación más dependiente de lo que ya era"

Dijo en su testimonio Julio César Rodríguez Anido. Catedrático en México y Canadá, quien en 1973 fue candidato a gobernador por el FUP en Tucumán. Un testimonio de contexto “soñábamos con una Patria incluyente, no xenófoba, más generosa y más justa. Pero la burocracia política lo impidió”, sostuvo.

    Aunque no haya sido una afirmación explícita, quedó en evidencia otra vez que la dictadura videlista secuestró, torturo, asesinó y desapareció a treinta mil argentinos para ejecutar la política liberal monetarista de José Alfredo Martínez de Hoz. Es que esa política, inspirada en la Escuela de Chicago, sostenía que las relaciones entre capital y trabajo debían darse libremente, eliminando todo lo que se interpusiera entre ellas. Y los militantes políticos y las organizaciones que defendían los intereses del campo nacional y popular significaban un estorbo. De ahí que fueran eliminados.

    Este planteo formó parte de un atestiguamiento de contexto ofrecido por el ex periodista, ex abogado defensor de presos políticos, ex candidato a gobernador de Tucumán por el Frente Unido del Pueblo (F.U.P.) en 1973, y militante de los derechos humanos, Julio César Rodríguez Anido, último testigo en declarar en la sesión matutina de esta jornada de viernes, en el juicio por la megacausa “Jefatura de Policía II-Arsenales II”.

    “Es que el plan económico-político de la dictadura, que comenzó a aplicar Martínez de Hoz en abril de 1976 -recordó Rodríguez Anido- tuvo como objetivo transformar  a Argentina en una nación más dependiente de lo que ya era, en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural, conformando una alianza estratégica entre los distintos sectores de poder para lograr la dominación sobre los sectores populares”.

Para refrescar la memoria

    En su testificación, y para analizar lo ocurrido en la historia reciente de nuestro país, Rodríguez Anido se remontó a la década del ’60, “cuando se aplicó una intensa y violenta represión social, política y económica en la provincia” durante las dictaduras de Onganía, Levingston y Lanusse, que alcanzó su pico máximo con el cierre de los once ingenios azucareros y el éxodo masivo de tucumanos, que fueran a engrosar las villas miseria de muchas ciudades.

    En ese marco -recordó- el sector más progresista dentro del peronismo “tenía una idea distinta de lo que debía ser la política dentro del partido”, que debería haber ayudado a la creación del “hombre nuevo, a la transformación de la sociedad argentina, purificando y cambiando las organizaciones políticas y las sindicales. Soñábamos con una Patria incluyente, no xenófoba, más generosa y más justa. Pero la burocracia política lo impidió”. 

    También en ese marco recordó la elección del ’73, cuando debió ser el candidato del FREJULI, ya que así lo había decidido “el mismísimo general Perón”, pero esa misma burocracia decidió su desplazamiento por lo que, encabezando una agrupación distinta, el F.U.P., participó en esos comicios “con muy buenos resultados”.

    En otro orden, recordó su actividad como abogado laboralista, y como defensor de presos políticos, señalando que decidió “defender gratuitamente a los trabajadores tucumanos”, como agradecimiento por haber podido estudiar en una universidad pública, sostenida por el pueblo argentino. Y así fue como se transformó en abogado de FOTIA, de la CGT de los Argentinos, de la Comisión de Ingenios Cerrados, de los obreros de Textil Escalada, y de veintitrés sindicatos azucareros.

    También recordó Rodríguez Anido los seguimientos, persecuciones y numerosas detenciones que debió soportar por su actividad profesional. Refirió, en ese sentido lo ocurrido en la noche del “Tucumanazo”, cuando destruyeron a patadas la puerta de su domicilio para llevárselo a la Jefatura de Policía (dónde fue recibido por el “Tuerto” Albornoz, que lo interrogó con sus habituales procederes). Al día siguiente fue trasladado en un jeep a Santiago del Estero. Unos días después, maniatado (y junto a otro dirigente político, Mariano Arroyo) fue llevado en avión a Buenos Aires y alojado en Coordinación Federal, y de ahí a la cárcel de Caseros, y luego a la de Devoto. Su liberación la logró por la acción del abogado porteño Néstor Martín, el primer abogado argentino desaparecido. “Antes fui detenido, y luego puesto a disposición del Poder Ejecutivo, cuando debería haber sido exactamente al revés”.

    Rememoró más adelante el testigo que una noche en su casa de Yerba Buena, los represores hicieron estallar dos bombas “de las que matan, no de las que intimidan”, y que unos días después “con ametralladoras” destruyeron por completo su estudio. “Y ya no había caso, tuve que irme al exilio”. Pero en el exterior, cabe señalar, organizó junto a los depuestos gobernadores de Córdoba, Obregón Cano, y de Buenos Aires, Bidegain, un “Frente Nacional y Popular” con el que denunciaron reiteradamente en el mundo la “atroz” dictadura argentina.

    Éste fue uno de los tantos casos de militantes populares perseguidos, y éste fue el contexto en el que los militantes del campo nacional y popular, en nuestro país, desarrollaban su actividad política…

Una declaración conmovedora

    Al comenzar la ronda de declaraciones matutina, la señora Faride Salim de Adriss se refirió al secuestro de su hijo, Ismael, introducido a la fuerza por tres individuos armados, a un automóvil Opel, verde, chapa patente 617395, el 16 de noviembre de 1977. “Le faltaba una materia para concluir su carrera en la Facultad de Ciencias Económicas”, recordó la señora, que en algunos momentos se quebró, y que calificó al joven como una persona generosa y solidaria.

    Y al recordar las innumerables gestiones realizadas, averiguando el paradero de su hijo, refirió sus visitas al Comando de la Quinta Brigada, a la Brigada de Investigaciones de la policía, a la policía federal (dónde la empujaron hacia afuera con un  arma larga en el pecho), y a la Jefatura de Policía en la que, el “Tuerto” Albornoz, le manifestó “acá no hay ningún detenido”. Pero sí los hubo, y entre ellos, Ismael Adriss, un militante de la Juventud Universitaria Peronista (J.U.P.).

    También recordó esta testigo sus presentaciones ante el genocida Videla, el ministro del Interior, Albano Harguindegui, los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas, todas sin resultados. Y al informar sobre un pedido de audiencia al comandante de la Quinta Brigada, de apellido Ruíz, afirmó haber sido atendida por el coronel Guastavino, quién le informó que su hijo “está enterrado”. Desde entonces, nunca más fue atendida.

    Otra gestión realizada por la señora de Adriss fue en el Obispado, dónde pidió una audiencia. La recibió “monseñor” Randisi, quién le informó que ni él ni el obispo la podían atender, y que debía dirigirse a la parroquia de su domicilio. Así lo hizo. Al entrevistar al cura Bassols, éste, después de escuchar a la señora, le preguntó ¿Y usted qué hacía cuando su hijo salía a delinquir…?” Y una vez más, así, quedó evidenciada la complicidad de la jerarquía eclesial con los represores.

    Recordó finalmente que, junto a otras madres, y entre ellas la señora Nieves de Ariño, se reunía en el patio del Colegio Sagrado Corazón, junto a la gruta de la virgen de Lourdes, para rezar por sus hijos desaparecidos, Y que su declaración ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas fue tergiversada, aunque fue obligada a firmarla.

De la señora Cativa

    A su turno, la señora María Cristina Díaz de Cativa, entre sollozos, señaló lo ocurrido a su esposo, que está sordo, casi ciego, que sufrió impotencia sexual a los 48 años, y posteriormente un A.C.V., que padece problemas cardíacos, psiquiátricos y renales (por lo que debe ser sometido diariamente a diálisis), y está postrado casi en forma permanente por las reiteradas torturas aplicadas por el “Tuerto” Albornoz durante las numerosas detenciones que sufrió. “Desde hace veinte años trato de sostener su vida”, relató

    Juan Ignacio Cativa, que fue compañero de trabajo de Ismael Adriss y de Nélida de Forti, estuvo detenido muchas veces en la Jefatura de Policía. En la primera oportunidad, vio al ex dirigente estudiantil Héctor Marteau, “en un salón grande, junto a otros jóvenes, todos  parados delante de la pared”, En otra oportunidad fue detenido al concluir el sepelio de una de las víctimas de la Base Almirante Zar, de Trelew, Clarisa Leaplace.

    Y en otra oportunidad la señora Cativa fue a ver al mayor Albertini, a la Jefatura, para comentarle que si no liberaban a su esposo “se prendería fuego en la plaza Independencia, para que el mundo se enterara de su situación”. Y ahí fue liberado, con el cuerpo lleno de hematomas, andrajoso, sin poder caminar, y tan afectado “que hasta hoy no puede recuperarse…”

    Tres historias más, de las tantas que recuerdan el plan sistemático de aniquilación de militantes populares, llevado a cabo por la peor dictadura argentina…

Vicente Guzzi