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Colegio de Abogados expresa que se debe respetar decisión de jueces

El respeto por los derechos fundamentales de las personas y el principio de división de poderes, constituyen elementos esenciales para la vigencia de un Estado de Derecho y para el funcionamiento de cualquier Estado Democrático, Republicano y Constitucional, en cuyo seno se debe tratar de mantener “el orden público y la paz social”.

En un Estado de Derecho, el Poder judicial es el encargado de decidir sobre la aplicación de las normas jurídicas para la resolución de los conflictos. Para ello, no solo resulta esencial que sea independiente, sino que también es fundamental que los poderes políticos y la ciudadanía toda, resguarden esa “independencia”, básica para el funcionamiento del sistema republicano de gobierno. Esto implica respetar las decisiones que toman cada uno de los Jueces del Poder Judicial, sin que ello signifique, por nuestra parte, abrir juicio de valor sobre la sentencia ni sobre la actuación del Tribunal.

En el sistema democrático de gobierno y en plena vigencia del estado de derecho, las sentencias judiciales deben ser atacadas, corregidas y hasta suprimidas, por los medios legales disponibles para las partes y para el Estado representado por el Ministerio Público. Asimismo, y de corresponder, la actuación de los jueces debe ser investigada, juzgada y, eventualmente sancionada por las instituciones y mediante los procedimientos constitucionales y legales.

No escapa a esta institución la importancia y la trascendencia del caso de Marita Verón, ni tampoco la inclaudicable lucha de la Señora Susana Trimarco en la búsqueda de su hija, o su clamor de justicia. Elogiamos esta lucha como la de todo ciudadano que reclama por la correcta administración de justicia, pero creemos imprescindible que se concrete dentro de un marco de respeto por el sistema constitucional.

Se advierte con preocupación la conducta de algunos dirigentes de diferente extracción política, funcionarios y legisladores nacionales y provinciales, que se han incorporado tardíamente con sus voces y actitudes a la gesta de una madre que en soledad y con escaso acompañamiento desinteresado de esos cuadros políticos, ha puesto en evidencia la existencia en el país y en la provincia, de verdaderas redes de trata de personas.

La dirigencia política, tanto nacional como provincial, debe asumir las responsabilidades que le corresponden para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas, activando con urgencia los mecanismos constitucionales y legales necesarios para neutralizar a las organizaciones criminales denunciadas, ya que de esa forma también se construye la paz social.

En definitiva, el principio de división de poderes, la independencia del Poder Judicial y el respeto de sus decisiones, la lucha contra las organizaciones criminales y el sometimiento a las normas constitucionales, nos concierne a todos: A los Poderes del Estado (Nacional y Provincial), a los Dirigentes Políticos, a los abogados, a las Instituciones Intermedias, a los medios de comunicación, y a todos los ciudadanos en general.