12/12/2012 - Causa Marita Verón

Contundente repudio del gobierno, legisladores y organizaciones

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, miembros de su gabinete y referentes políticos, sociales y de derechos humanos repudiaron ayer la decisión de la justicia tucumana de absolver a los 13 acusados de secuestrar y desaparecer a Marita Verón en 2002.

 "Vamos a tener que poner en marcha, todos deberán entenderlo, una democratización del Poder Judicial, porque es el que decide, el último eslabón en la decisión", planteó ayer Cristina, para quien existe "un divorcio cada vez más evidente entre la sociedad y la justicia". 

 De igual forma, funcionarios y legisladores nacionales salieron ayer con contundencia a repudiar lo resuelto por los jueces tucumanos Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera y Eduardo Romero, quienes ayer absolvieron y dejaron en libertad a 13 imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, en el 2002. 

 Desde Estocolmo, Suecia, el vicepresidente Amado Boudou manifestó que el país necesita "una justicia que se ocupe de verdad de los temas argentinos" y juzgó que "también la justicia necesita más democracia". 

"Estamos absolutamente indignados", declaró por su parte el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, quien además dijo estar "sorprendido" por el "maltrato" que sufrieron ayer durante la audiencia la madre y la hija de Marita Verón, Susana Trimarco y Micaela, y ratificó el compromiso del Gobierno de seguir apoyando a esa familia. 

 En línea, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, juzgó que en Argentina la justicia "está alejada de la gente" y que "falta una mayor comprensión de quienes deben impartirla" que "permita que la gente sienta, tarde o temprano, que se hizo justicia y no como sucedió en el día de ayer con la familia Trimarco". 

 Con respecto a una posible intervención de la Justicia de Tucumán, Randazzo respondió que "no" y argumentó: "Somos respetuosos de los fallos judiciales y seguramente la familia, que en este caso actuó como querellante, hará la apelación que corresponda". 

 A su turno el diputado nacional Horacio Pietragalla expresó "dolor e indignación con el fallo" y aseveró que "hoy más que nunca estamos con Susana Trimarco, una luchadora, que es parte de las mujeres de este país que son un ejemplo a seguir". 

 Marita Verón fue secuestrada el 3 de abril de 2002 y desde entonces su madre, Susana Trimarco, inició una ardua búsqueda que develó el funcionamiento de redes de trata de personas para explotación sexual. 

Trimarco logró llevar a juicio a 13 personas que el martes, en un polémico fallo, quedaron absueltas por decisión de la Sala II de la Cámara en lo Penal de Tucumán. 
 "El combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de género es una decisión institucional muy clara y contundente de esta Corte", fue la declaración elegida por el máximo tribunal del país, a través de un comunicado. 

 Además, la Corte Suprema planteó que "sin perjuicio del respeto que merecen las decisiones de los magistrados tomadas en las causas judiciales, en el marco de la Política de Estado referida se encomienda a todos los jueces del país a seguir realizando los máximos esfuerzos para lograr terminar con ese delito". 

 "Este es un nuevo caso donde la justicia demuestra que no está a la altura de las expectativas del pueblo, porque a diez años de la desaparición de Marita Verón y tras una extensa investigación no han logrado encontrar un solo culpable", reflexionó el 
presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez. 

 En sintonía, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, consideró "incomprensible" la absolución de los acusados y aseguró que el Estado "multiplicará por diez" la lucha contra la trata de personas. 

 También, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, advirtió que "nadie debe estar parado arriba de un pedestal" y graficó: "Así como diputados y senadores, y hasta los periodistas, pueden ser interpelados, los jueces también deben ser susceptibles de lo mismo". 

 Sus pares Diana Conti y Jorge Landau sumaron su disgusto y respaldaron las afirmaciones de Cristina sobre la necesidad de impulsar una "democratización de la justicia". 

 "La ley de trata es perfectible pero que el árbol no nos tape el bosque: las absoluciones bochornosas no se dan por una laguna legal sino por reticencia legal a condenar a los autores del delito de trata", argumentó Conti. 

 El senador nacional oficialista Aníbal Fernández catalogó como "un mamarracho" el veredicto y consignó que "algunos magistrados que no merecen llamarse como tales". 

Desde los bloques opositores, Victoria Donda (Libres del Sur) expresó su indignación por el "vergonzoso" fallo y advirtió que "para que la lucha de estos diez años y de los años que vendrán no sean en vano no debemos quitar la mirada sobre la esponsabilidad del poder político". 

 Proyecto Sur, en un texto firmado por los legisladores Fernando `Pino` Solanas, Alcira Argumedo y Jorge Cardelli, repudió el veredicto. 

El socialismo manifestó su "indignación y rechazo" y entendió que "una vez más se consagró la impunidad", en un comunicado firmado por su titular, Hermes Binner, y el secretario general Alfredo Lazeretti. 

 "Anoche sentí vergüenza como tucumano de que no haya un responsable", declaró a su turno el gobernador de Tucumán, José Alperovich, y expresó: "No se hizo justicia, me parece una injusticia total". 

 Su esposa y presidenta provisional del Senado nacional, Beatriz Rojkés de Alperovich, se manifestó "sorprendida" y afirmó que hubo una "mala investigación", en la que "debe haber algún responsable". 

 También manifestó sus cuestionamientos el INADI, al sostener a través de su interventor, Pedro Mouratián, que "fallos como estos confirman la necesaria reflexión acerca del compromiso de todos y todas para luchar por los derechos de las mujeres y erradicar, de una vez y para siempre, la trata de personas".