En una sesión que se caracterizó por las chicanas de los defensores de los represores imputados, por las quejas de los abogados querellantes, por un incidente entre un imputado y un testigo, y por largas y tediosas deliberaciones acerca de la modalidad y reglas para formular preguntas a testigos, dos de ellos declararon acerca del horror vivido durante el mayor genocidio de la historia argentina
Los abogados Laura Figueroa y Daniel Villagra, a la vez querellantes en la megacausa, fueron los primeros en atestiguar sobre dos secuestros: el de Celia Georgina Medina, y el de José Gettas Chebaia. En el primer caso, la víctima fue liberada quince días después. El ex secretario de Planeamiento de la provincia, en cambio, permanece desaparecido y sus familiares siguen buscando sus restos.
Una jornada matutina de reiteradas interrupciones, y preguntas y repreguntas de los defensores que más parecieron provocaciones, y que en muchos casos, por una aparente ignorancia o desconocimiento de lo ocurrido durante la dictadura, parecían chicanas destinadas a generar retrasos en el desarrollo del juicio.
Las actividades comenzaron con un planteo del fiscal ad hoc, Patricio Rovira, quién señaló la conveniencia de incorporar a la causa contra Angel Custodio Moreno, la documentación relativa a la identificación de los restos de Adriana Mitrovich y Horacio Atilio Ferreyra, cuyo secuestro habría sido perpetrado por el acusado. A la vez, el funcionario pidió que se citara a declarar al denunciante del entierro de los cuerpos de los desaparecidos, y a peritos del Equipo de Anatomía Forense (EEAF). También pidió que se incorporara a la causa otra documentación, la de identificación de los restos de Antonia Esilda Romero, encontrados en Pozo de Vargas, porque en oportunidad de su secuestro integraba un grupo de cuarenta personas, todas desaparecidas, que estuvieron en Jefatura de Policía. Estos temas generaron otro extenso debate, también con chicanas e interrupciones, tras afirmar uno de los querellantes que con estas causas podía ratificarse una vez más la existencia de un plan de exterminio.
De los testigos
A su turno, la abogada de FADETUC (Familiares de Desaparecidos de Tucumán), Laura Figueroa, aclaró que atestiguaba en su condición de querellante por el secuestro de Celia Georgina Medina, el 21 de octubre de 1976. Esta joven fue secuestrada en su casa por un comando civil que había ingresado por los fondos, en presencia de Figueroa. Celia estuvo desaparecida quince días. Su familia la buscó desesperadamente, conectándose incluso con el coronel Giotto, cuñado del padre, quién no sólo no hizo nada en favor de la joven sino que además, en un expediente de la causa, efectuó graves imputaciones contra la víctima y contra la abogada Figueroa, acusada de ilegal y subversiva.
En este punto el fiscal, doctor Peralta Palma, como consecuencia de la actitud de uno de los defensores, pidió un trato respetuoso hacia los testigos y una resolución que impidiera a los imputados formular preguntas, tema éste, que debía considerar el tribunal.
Al relatar el secuestro de José Gettas Chebaia, el 24 de marzo de 1976, el abogado Daniel Villagra indicó que por ser amigo de la familia y compañero de estudios de un hijo, estaba durmiendo esa noche en el domicilio familiar. Indicó que una patota de 12 a 15 individuos con uniformes y con las caras cubiertas, que se movilizaba en tres autos, se llevó a la víctima, que continúa desaparecida. Uno solo actuaba a cara descubierta, -según la acusación del testigo- era el “tuerto” Albornoz, presente en la sala, a quién acusó de torturador, y de asesino y ladrón, lo que generó un incidente de proporciones. Y al recordar las gestiones realizadas por la familia en la búsqueda. refirió la entrevista al sacerdote Cucalá Boix, quién indicó a los familiares que no buscaran más a Chebaia.
Al ser interrogado Villagra por la defensa de los imputados, una abogada joven realizó las preguntas que más parecieron provocaciones, y generaron incluso sonrisas indisimuladas en la audiencia por el nivel de aparente ignorancia de la historia reciente de nuestro país. Se había llegado a un grado tal de inquisición, que más parecía un imputado el testigo Villagra, lo que generó la reacción de los querellantes que cuestionaron la aparente tolerancia de los jueces del tribunal ante una evidente afectación de la dignidad de los testigos.-
Vicente Guzzi
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