Durante la última jornada del juicio por la causa unificada Arsenales II- Jefatura II se leyó declaración realizada en indagatoria de más de veinte imputados debido a que todos se negaron a declarar. Faltan más de la mitad. Larga jornada.
La jornada comenzó a las 10 y terminó a las 18. Se leyó declaración de varios imputados, todos por la causa Arsenales, excepto los 8 que siguen el juicio por teleconferencia desde Buenos Aires.
Llamó la atención lo realizado por Lazarte quien se desempeñó como interventor de inteligencia de la Policía de Tucumán durante la dictadura. En la misma línea que Menéndez dijo que el Golpe Militar fue en el marco de una guerra contra el comunismo.
Todavía falta que declaren más de la mitad de los imputados, se estima que la etapa de declaración finalice la próxima semana. Por lo tanto, se estima, que testigos comenzarán a prestar testimonio la primera semana de diciembre.
El hecho curioso de la jornada fue una denuncia en medio del juicio realizada por la abogada querellante Julia Vitar contra el imputado Chuchuy Linarez, según la letrada por amenazar a familiar de detenidos desaparecido en medio de la audiencia.
Las audiencias se reabrirán el jueves a las 9.
En total, son 41 imputados: 33 siguen el proceso en Tucumán y los ocho restantes, desde el penal de Ezeiza (Buenos Aires). El ex jefe del III cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez fue separado porque es requerido por otros juzgados para causas por delitos de lesa humanidad. Mientras que por cuestiones de salud, fueron apartados el ex militar Ernesto Alais y el ex policía Hugo Albornoz.
Se espera que la semana que viene comience la ronda de testigos.
Los imputados están acusados por la comisión de violaciones de domicilio, privaciones de libertad, torturas y homicidios, delitos cometidos entre 1976 y 1982, en perjuicio de 235 víctimas.
Alrededor de 600 testigos repasarán a lo largo del juicio, que durará al menos hasta mediados de 2013.
La ex Jefatura de Policía como el ex Arsenal fueron Centros Clandestinos de Detención que formaron parte del circuito represivo que funcionó en la provincia.
Según la investigación, la dependencia policial era el primer lugar al que eran llevados los detenidos en la capital provincial, mientras que el predio militar fue un sitio de exterminio, donde fueron hallados varios cadáveres.
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