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AMPLIARFontenles coordinador de la Comisión de Verdad

Industriales brasileños sostuvieron a la dictadura militar

La Comisión de la Verdad que investiga los crímenes de la dictadura militar de Brasil (1964-1985) denunció al principal grupo empresarial del país, la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), de haber colaborado con el golpe de estado de Estado mediante un acuerdo clandestino de fabricación de armamento para la represión interna.

Lo afirma un documento del coordinador de la comisión, Claudio Fontenles, al que accedió ANSA, realizado en base a informes públicos de los servicios de informaciones de la época de la dictadura que estaban guardadas como confidenciales.

La Comisión de la Verdad fue instalada por la presidenta Dilma Rousseff y una de sus funciones es investigar el capítulo de la "unión industrial militar", la cooperación de las empresas paulistas para financiar centros de tortura a disidentes y armar a los militares.

Un documento del Servicio de Inteligencia Nacional indica que el 31 de marzo de 1964, día del golpe militar que derrocó al presidente constitucional Joao Goulart, fue creado en Sao Paulo el GPMI, Grupo Permanente de Movilización Industrial.

Los espías de la dictadura dejaron constancia material que el grupo se creó "frente a la necesidad de provisión de armas y equipos militares a los revolucionarios (sic) paulistas y basados en la idea de que no existe poder militar sin industria que fabrique ese poderío".

La Comisión de la Verdad, según dijo a corresponsales extranjeros uno de sus siete miembros, el abogado José Carlos Dias, trabaja en demostrar que el golpe de 1964 no fue apenas militar, sino con participación de la sociedad civil.

Por eso uno de los capítulos es investigar el rol de las empresas en la financiación del golpe y del régimen ilegal. Fontenles, en su informe sobre la participación de la Fiesp, sostuvo: "Por lo tanto la Fiesp en el mismo día de la eclosión del golpe celebró el 'primer intento de unión industrial militar' para enfrentar la posible resistencia de los jefes militares" a destinar presupuesto al armamento.

Los documentos indican que el órgano de la Fiesp "es especializado en movilización industrial para producir armas, con vistas a cualquier emergencia futura". La actual conducción de la Fiesp no se había pronunciado hasta hoy sobre el caso.

Los documentos de la dictadura indican que en los años sesenta se explicaba que las empresas de material bélico debían fabricar equipamientos para las Fuerzas Armadas en forma ilegal usando sus matrices de producción destinadas al mercado civil.

El grupo de apoyo de la dictadura formado por la Fiesp, dice el documento de la Comisión de la Verdad, pensó en abrir una fábrica de aviones en la región noreste y llevó a uno de los jefes de la Fuerza Aérea de 1965, brigadier Agemar da Rocha, a una misión comercial a Estados Unidos.