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Abogados querellantes repudiaron declaración del Colegio de Abogados a favor de Maggio

Los abajo firmantes, abogados colegiados que nos desempeñamos como querellantes en causas donde se investiga y juzga la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado, nos dirigimos a Ud. para manifestar nuestro más enérgico repudio y rechazo al comunicado de fecha 16/11/12 en donde se emite una declaración a favor del Dr. Facundo MAGGIO

Texto completo dirigido al presidente del Colegio de Abogados Eudoro Aráoz

Los abajo firmantes, abogados colegiados que nos desempeñamos como querellantes en causas donde se investiga y juzga la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de estado, nos dirigimos a Ud. para manifestar nuestro más enérgico repudio y rechazo al comunicado de fecha 16/11/12 en donde se emite una declaración a favor del Dr. Facundo MAGGIO alegando que supuestamente se habría violentado su posibilidad y derecho de ejercer libremente la profesión. 
En primer lugar queremos señalar que el Dr. MAGGIO renunció voluntariamente a la Fiscalía de Estado en el momento que tomó estado público su rol como abogado defensor de los imputados Ernesto Arturo Alais (Ex Jefe del Regimiento 19 de Infantería de Tucumán), José E. Mijalchyk (sacerdote acusado de torturas) y Carlos Eduardo Trucco (integrante del Regimiento 19 de Infantería) quienes están siendo sometidos a juicio oral y público al día de la fecha, por numerosos hechos de privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones, tormentos y homicidios calificados en el marco del Delito Internacional de Desaparición Forzada de Personas. Estos aberrantes delitos están siendo juzgados en la denominada “Megacausa Arsenales (II) Jefatura de Policia (II).-
Negamos que la renuncia voluntaria del Dr. MAGGIO implique una ingerencia indebida en el ejercicio de la profesión como así también que represente un mensaje de amedrentamiento tal como se señala en el comunicado aludido. Por lo tanto, rechazamos que la normativa señalada por Ud. de manera dogmática, sea aplicable en este caso. En el mismo sentido, entendemos que es facultad del estado provincial elegir conformar su planta de profesionales sin personas que estén involucradas en la defensa de quienes fueron responsables de la desaparición forzada de personas durante la última dictadura, más aún cuando se trata de un Estado que ha puesto en marcha una política pública para reparar, investigar, juzgar y condenar a responsables de gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, en cumplimiento con sus responsabilidades internacionales en la materia.-
En segundo lugar, no puede escapar al conocimiento del Colegio de Abogados de Tucumán, que las conductas del mencionado profesional eran cuando menos anti –éticas, al representar promiscuamente a personas imputadas por delitos de lesa humanidad y al Gobierno de la Provincia de Tucumán en dos causas relacionadas con el Terrorismo de Estado. Tal el caso de la causa “Toledo de Ygel s/ su Denuncia”, que tramita en el Juzgado Federal Nº1 de Tucumán, Secretaría de Derechos Humanos y la causa “Rolando Coronel s/ Sucesión” que tramita en el Juzgado de Sucesiones de la III Nominación, versando dicha causa sobre un inmueble, propiedad del Sr. Coronel quien se encuentra detenido – desaparecido, sito en calle Chacabuco donde el mismo Gobierno Provincial al que el Dr. Maggio representaba, tiene por objeto inaugurar una casa de la memoria. 
No puede tampoco dejar de mencionarse que las expresiones vertidas por Ud. En representación del Colegio de Abogados guardan una preocupante similitud con el comunicado de la Asociación de Abogados por la Paz y la Concordia, reconocida “organización nacional” que nuclea a defensores de Genocidas a lo largo y ancho de este país y predican una ideología absolutamente anti democrática y reivindicativa del Terrorismo de Estado. Asociación a la que inclusive el Colegio de Abogados invitó para realizar una charla durante el año pasado.-
Pero más allá de lo preocupante que resulta este planteo corporativo formulado por el Colegio, mucho más grave aun resulta el hecho de que la primera aparición pública que realiza la institución desde el inicio de la Megacausa fue para manifestarse a favor de este abogado de dudosa ética dejando pasar la oportunidad de pronunciarse sobre la importancia de este juicio, único tanto por la cantidad de delitos investigados como por lo variopinto de las responsabilidades llevadas a juicio.
En este mismo sentido, el silencio de parte una institución que debería cobijar los intereses y derechos de TODOS los colegiados, es mucho más repudiable si pensamos que la nuestra fue una de las profesiones más castigadas por los crímenes de Lesa Humanidad cometidos en la década del setenta, y que en el Juicio Oral Megacausa, se ventilan los casos de abogados/as y estudiantes de derecho detenidos desaparecidos (tales los casos de Elda CALABRÓ, Carlos María GALLARDO, Joaquín ARIÑO, entre otros).-
Finalmente, queremos señalar que nunca sentimos apoyo por parte del Colegio en los numerosos actos de hostigamiento y amenazas a que fuimos sometidos los abogados querellantes a lo largo de estos años, y esto a pesar de que muchos de esos hechos tomaron estado público y fueron puestos en conocimiento de la justicia tanto federal como provincial. Por mencionar algunas situaciones en las cuales los abogados que representamos a las víctimas del terrorismo de estado nos sentimos desprotegidos podemos señalar el silencio absoluto de la institución cuando amenazaron públicamente a la Dra. Laura Figuera y Dra. Alicia Noli los familiares del Sr. Mario Oscar “Malevo” Ferreryra, no solo el Colegio de Abogados no se pronunció al respecto sino que le negaron a la Dra. Figueroa la posibilidad de realizar una conferencia de prensa en el edificio mismo del Colegio. La mencionada charla a cargo de la Asociación de Abogados por la Paz y la Concordia en la que se utilizó a nuestra entidad profesional para profesar lisa y llanamente una apología de los delitos de lesa humanidad. Finalmente se solicitó en reiteradas oportunidades al Consejo Directivo pronunciamientos por los procesamientos y sentencias por las causas de lesa humanidad, todos por supuesto con resultado negativo.-
Esta omisión por un lado, como así también la injustificada defensa al Dr. MAGGIO por otro, deja en evidencia el posicionamiento político de la institución que lejos está de comprometerse irrestrictamente con los DDHH y de garantizar el libre ejercicio de la profesión.

Sin otro particular, saludamos a Ud. atte.

Dra. Julia Vitar ,Dra. Laura Figueroa,Dra. Julia Albarracín, Dra. Ines Lugones de Bader, Dr. Daniel Weisemberg y Dr. Daniel Mendivil, Dr, Emilio Guagnini.

Facundo Maggio dejó de ser funcionario del Estado provincial por asumir la defensa de personajes imputados en graves crímenes de Lesa Humanidad.