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AMPLIARCampesinos paraguayos en huelga de hambre

Piden asistencia médica para cuatro campesinos paraguayos detenidos en huelga de hambre

El Ministerio de Justicia de Paraguay, solicitó a la Justicia asistencia para cuatro de los detenidos por la matanza de Curuguaty, que derivó en el golpe contra Fernando Lugo. Llevan 57 días en huelga de hambre.

El pedido fue realizado por la ministra de Justicia y Trabajo, María Segovia, al juez penal de garantías de Curuguaty, José Benítez, para proveer asistencia a Lucía Agüero, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramírez y Luis Olmedo.

Esos campesinos iniciaron hace 57 días una protesta para denunciar irregularidades en la investigación, que incluye una huelga de hambre, en la penitenciaría de la ciudad de Coronel Oviedo, en el departamento de Caaguazú, a 120 kilómetros al este de Asunción.

Segovia solicitó al juez de la causa que disponga "una hidratación parental y medicación endovenosa, según criterio médico, y en caso que correspondiese una alimentación enteral en la brevedad posible, debido al estado grave en que se encuentran dichas personas", según un comunicado del Ministerio de Justicia y Trabajo que reproduce la agencia EFE.

Los detenidos exigen su liberación y desvinculación del proceso que se sigue a un total de 15 campesinos que fueron detenidos tras la muerte de seis policías y once labradores el 16 de junio en un tiroteo durante una operación policial de desalojo de "sin tierras" en una finca de Curuguaty.

Ese hecho, ocurrido en una propiedad que se disputan el Estado y los familiares del empresario recientemente fallecido Blas Riquelme, derivó en la destitución de Lugo en un controvertido y polémico juicio político, el 22 de junio último.

La Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos, presentó un informe en el que responsabilizó a la represión policial por el saldo trágico del desalojo campesino. El estudio está avalado por videos, fotos y declaraciones de testigos.

Los campesinos están acusados de los delitos de homicidio doloso, lesión grave y asociación criminal, entre otros cargos.

Paralelamente al pedido de ayuda médica, un grupo de representantes de grupos civiles y de defensa de los derechos humanos permanece en vigilia ante la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, para exigir la liberación de los detenidos.

Lugo, que fue sustituido en el cargo por su entonces vicepresidente, Federico Franco, señaló en una carta divulgada el martes que la matanza de Curuguaty forma parte de una "conspiración de los golpistas, que condujo a la parodia de juicio político" que devino en su separación del cargo.

"Ya he afirmado en varias oportunidades, que este Gobierno golpista no tiene ningún interés ni voluntad política en investigar seriamente y esclarecer el caso", aseveró el ex gobernante, quien también pidió a la comunidad internacional que realice un seguimiento del asunto.

La Fiscalía, en su informe final tras la investigación, sostuvo que los policías "cayeron en una emboscada preparada y planificada previamente por ocupantes armados" en Curuguaty.

El fiscal del caso, Jalil Rachid, descartó, además, las versiones de la actuación en el hecho de francotiradores entrenados, aunque los abogados de los procesados sostienen que hay pruebas de audio del empleo de fusiles automáticos y que sólo esas armas disparadas por "expertos tiradores" pudieron ser las que abatieron a los policías, con "disparos certeros en la cabeza y el cuello".