Un informe sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales denunció ayer el uso "irracional y desproporcionado de la fuerza estatal" contra las movilizaciones ciudadanas en Chile y un "abuso" contra los grupos vulnerables de la sociedad.
La décima versión del Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, uno de los más prestigiosos del país, añadió este año -en forma inédita- un capítulo sobre la violencia policial, tema que solo mereció una reflexión indirecta en los últimos años.
"Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron
acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de
la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis
de su posible causa, la necesidad de concientizar a las
autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la
materia", propuso el informe.
El análisis trazó sus ejes en torno a dos temas
transversales: "la discriminación o exclusión arbitraria contra
ciertos grupos vulnerables" y los criterios y formas en la
utilización de la fuerza estatal.
Según el informe, el movimiento estudiantil y las protestas
sociales y ciudadanas en la austral región de Aysén, fueron los
movimientos sociales que registraron mayor convocatoria y apoyo
popular.
Al mismo tiempo, también fueron blanco "de la mayor violencia
en la respuesta estatal", advirtió el informe.
Según el documento, en el caso de Aysén, se constataron
diversos y nuevos métodos de represión por parte de las fuerzas
de orden y seguridad.
Para el investigador Alberto Coddou, editor general del
Informe 2012 de la Universidad Diego Portales, "la regulación de
la protesta en Chile está en abierta contradicción con los
tratados internacionales y con lo que dice la propia
Constitución".
Coddou, en diálogo con ANSA, explicó que "es evidente que el
aumento de denuncias por violencia policial está correlacionado
con la gran cantidad de marchas de las que fuimos testigos el
año pasado y durante este año".
"Pero creemos que es muy relevante la gran cantidad de
denuncias que se han iniciado no solamente en la justicia penal
ordinaria, sino también en la militar, y que dan cuenta de los
malos tratos o de abusos o de incluso de prácticas
discriminatorias", completó.
Coddou precisó que en 2011 se conoció públicamente una nueva
forma de abuso contra los detenidos: la violencia sexual
policial a la que fueron sometidos, principalmente, adolescentes
y mujeres que fueron obligados a desnudarse en comisarías.
De acuerdo al informe, al periodo enero-febrero de 2011, se
tramitaban 1.777 casos de violencia innecesaria denunciados en
el Segundo Juzgado Militar de Santiago, mientras que en el mismo
periodo de 2012, se acumulan 2.657 casos.
Las cifras concuerdan con la proyección de un patrón
sostenido desde 1990, pues un estudio de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales demostró que, al menos
hasta 2004, la violencia policial fue en creciente aumento.
Al respecto, el informe cuestiona la actual regulación
administrativa de la protesta "que sirve como fundamento para
que las fuerzas de orden utilicen la fuerza policial, de manera
frecuente, en contra de legítimos manifestantes".
Coddou, precisó que el problema en Chile "pasa, primero,
porque la protesta social está actualmente regulada a nivel
reglamentario y no a nivel legal, como señala la Relatoría para
la Libertad de Expresión de la OEA".
En segundo lugar, en el país rige el Decreto Supremo 1.086,
que regula la protesta social y que se dictó durante la
dictadura de Augusto Pinochet, para controlar las protestas del
período 1982-1983.
El experto criticó además "el concepto de orden público" que
ha utilizado el gobierno del derechista Sebastián Piñera, que
"dista mucho de lo que recomienda el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos".
En esa línea, el Informe criticó el Proyecto de ley de
fortalecimiento del orden público, conocido como "Ley
Hinzpeter", por el nombre del ex ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, y que criminaliza la ocupación o "tomas" de
establecimientos educacionales.
También cuestiona la "irreflexiva invocación" de la polémica Ley de Seguridad Interior del Estado, "haciendo caso omiso de la responsabilidad política que involucra su ejercicio".
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