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AMPLIARDuro cuestionamiento a la represión en Chile

Denuncian por "irracional" a la violencia policial en Chile

Un informe sobre Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales denunció ayer el uso "irracional y desproporcionado de la fuerza estatal" contra las movilizaciones ciudadanas en Chile y un "abuso" contra los grupos vulnerables de la sociedad.

La décima versión del Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, uno de los más prestigiosos del país, añadió este año -en forma inédita- un capítulo sobre la violencia policial, tema que solo mereció una reflexión indirecta en los últimos años.

"Las movilizaciones ciudadanas de 2010 y 2011 se vieron acompañadas de la utilización irracional y desproporcionada de la fuerza estatal, lo que exige, además de un detallado análisis de su posible causa, la necesidad de concientizar a las autoridades sobre sus responsabilidades políticas en la materia", propuso el informe.

El análisis trazó sus ejes en torno a dos temas transversales: "la discriminación o exclusión arbitraria contra ciertos grupos vulnerables" y los criterios y formas en la utilización de la fuerza estatal. Según el informe, el movimiento estudiantil y las protestas sociales y ciudadanas en la austral región de Aysén, fueron los movimientos sociales que registraron mayor convocatoria y apoyo popular. Al mismo tiempo, también fueron blanco "de la mayor violencia en la respuesta estatal", advirtió el informe. Según el documento, en el caso de Aysén, se constataron diversos y nuevos métodos de represión por parte de las fuerzas de orden y seguridad.

Para el investigador Alberto Coddou, editor general del Informe 2012 de la Universidad Diego Portales, "la regulación de la protesta en Chile está en abierta contradicción con los tratados internacionales y con lo que dice la propia Constitución".

Coddou, en diálogo con ANSA, explicó que "es evidente que el aumento de denuncias por violencia policial está correlacionado con la gran cantidad de marchas de las que fuimos testigos el año pasado y durante este año".

"Pero creemos que es muy relevante la gran cantidad de denuncias que se han iniciado no solamente en la justicia penal ordinaria, sino también en la militar, y que dan cuenta de los malos tratos o de abusos o de incluso de prácticas discriminatorias", completó.

Coddou precisó que en 2011 se conoció públicamente una nueva forma de abuso contra los detenidos: la violencia sexual policial a la que fueron sometidos, principalmente, adolescentes y mujeres que fueron obligados a desnudarse en comisarías. De acuerdo al informe, al periodo enero-febrero de 2011, se tramitaban 1.777 casos de violencia innecesaria denunciados en el Segundo Juzgado Militar de Santiago, mientras que en el mismo periodo de 2012, se acumulan 2.657 casos.

Las cifras concuerdan con la proyección de un patrón sostenido desde 1990, pues un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales demostró que, al menos hasta 2004, la violencia policial fue en creciente aumento.

Al respecto, el informe cuestiona la actual regulación administrativa de la protesta "que sirve como fundamento para que las fuerzas de orden utilicen la fuerza policial, de manera frecuente, en contra de legítimos manifestantes".

Coddou, precisó que el problema en Chile "pasa, primero, porque la protesta social está actualmente regulada a nivel reglamentario y no a nivel legal, como señala la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA".

En segundo lugar, en el país rige el Decreto Supremo 1.086, que regula la protesta social y que se dictó durante la dictadura de Augusto Pinochet, para controlar las protestas del período 1982-1983.

El experto criticó además "el concepto de orden público" que ha utilizado el gobierno del derechista Sebastián Piñera, que "dista mucho de lo que recomienda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

En esa línea, el Informe criticó el Proyecto de ley de fortalecimiento del orden público, conocido como "Ley Hinzpeter", por el nombre del ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y que criminaliza la ocupación o "tomas" de establecimientos educacionales.

También cuestiona la "irreflexiva invocación" de la polémica Ley de Seguridad Interior del Estado, "haciendo caso omiso de la responsabilidad política que involucra su ejercicio".