El megajuicio que unifica las causas Arsenal y Jefatura de Policía, en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán durante la última dictadura cívico militar, comenzó ayer con más de 40 imputados, entre ellos el represor Luciano Benjamín Menéndez y algunos civiles. El expediente tiene unos 450 cuerpos. Hoy declararán imputados. VIDEO
Los jueces Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y el subrogante Juan Carlos Reynaga presiden el debate, que se inició con los planteos procesales.
Luego, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Leopoldo Peralta Palma, Pablo Camuña y Patricio Rovira, leyó una síntesis de los hechos que padecieron las víctimas de la causa.
En las denuncias se incluyen delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, además de abusos sexuales, cuyas víctimas serán resguardadas y no trascenderá su identidad.
El expediente tiene unos 450 cuerpos, donde se detallan incidentes, excarcelaciones y planteos que totalizan alrededor de 90.000 fojas.
Menéndez, el principal acusado, siguió la primera jornada del juicio desde un sector de videoconferencias instalado en la cárcel de Ezeiza, junto a otros ocho imputados que permanecen en la misma situación por estar detenidos en otras causas.
La situación de Menéndez será resuelta en los próximos días por el tribunal, ya que el represor también es juzgado en La Rioja y ese juicio se desarrolla los jueves y viernes, días establecidos para la megacausa a partir de la próxima semana.
Entre los acusados están María Elena Guerra, el escribano Juan Carlos Benedicto y José Eloy Mijalchyk -ex capellán del Arsenal-, quienes son los primeros civiles juzgados en Tucumán por crímenes de lesa humanidad.
Los imputados están acusados por la comisión de violaciones de domicilio, privaciones de libertad, torturas y homicidios, delitos cometidos entre 1976 y 1982, en perjuicio de 235 víctimas.
Hoy, desde las 9, los imputados podrán declarar o negarse a hacerlo, sin que eso afecte su situación. Del total de los acusados, ocho estarán en el hospital del servicio penitenciario de Ezeiza y participarán mediante el sistema de teleconferencia.
Alrededor de 600 testigos repasarán a lo largo del juicio, que durará al menos hasta mediados de 2013.
La ex Jefatura de Policía como el ex Arsenal fueron Centros Clandestinos de Detención que formaron parte del circuito represivo que funcionó en la provincia.
Según la investigación, la dependencia policial era el primer lugar al que eran llevados los detenidos en la capital provincial, mientras que el predio militar fue un sitio de exterminio, donde fueron hallados varios cadáveres.
El comienzo del juicio mostró tensión y ansiedad, especialmente cuando los imputados ingresaron a la sala.
Los familiares de desaparecidos los recibieron al grito de "asesinos", mientras mostraban carteles con las fotos de los desaparecidos y la palabra "presente".
Al mismo tiempo, los familiares de los imputados, que lucían remeras con la leyenda "justicia para los presos políticos", los recibieron con el grito de "héroes".
Marta Rondoleto, perteneciente a la agrupación Familiares de Desaparecidos, sostuvo que "esto no sólo fue una cuestión de policías" y consideró que existe "un móvil económico alentado por un grupo de civiles".
"Ellos se sirvieron de las fuerzas armadas y de seguridad de este país, además de contar con el beneplácito y colaboración de varios representantes de la Iglesia", indicó.
Según Rondoleto, "en Tucumán hemos logrado desenmascarar esta esfera y entre los acusados está un sacerdote que tenía la misión de convencer y hacerles decir a los presos y secuestrados que confesaran cosas que ni siquiera muchos de ellos tenían que confesar".
Por su parte Natalia Ariñez, de la agrupación H.I.J.O.S, dijo que "aquí se van a ventilar crímenes atroces y servirá para pararnos desde un lugar más justo y como sociedad porque no sólo tiene que ver con las víctimas: este juicio es de todos".
"Esperamos muchos años para que los civiles sean llevados al banquillo porque ellos son la pata civil y beneficiada de la dictadura", agregó.
Ariñez sostuvo que "la dictadura fue cívico militar y entendemos que existen juicios que están por venir para los civiles que se beneficiaron económicamente con el terrorismo de estado".
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