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AMPLIARSenadores uruguayos aprobaron coordinación fiscal

Senado uruguayo ratificó tratado fiscal con Argentina

La Cámara de Senadores de Uruguay ratificó un tratado de intercambio de información tributaria con Argentina, un acuerdo cuestionado por la oposición política y que ya genera una retracción en el sector inmobiliario local.

El acuerdo, que había sido suscripto por ambos gobiernos el 23 de abril, fue aprobado con 16 votos favorables del Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, y la negativa de los partidos opositores, Nacional y Colorado.

El tratado, que entrará en vigencia una vez sancionado por la Cámara de Diputados, cumple dos de las condiciones que planteaba Uruguay para su firma, como la no retroactividad y que no operen agentes fiscalizadores de otras administraciones dentro del territorio uruguayo.

Para evitar la doble imposición se crea un mecanismo de crédito fiscal por el cual si un argentino tiene una propiedad en Uruguay y paga en éste país el Impuesto al Patrimonio, la Dirección General Impositiva (DGI) le otorgará un certificado para descontar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina ese impuesto.

Por otra parte, la no retroactividad implica que ante un requerimiento del Fisco argentino, Uruguay va a informar al día del pedido por los bienes o activos que tiene la persona jurídica o física por la que se consulta. Con esos datos, Argentina no podrá recalcular y cobrar impuestos retroactivos, aunque sí puede gravar esos bienes desde el momento en que se la da información hacia adelante. El mismo criterio se aplicará cuando Uruguay solicite información a Argentina.

Asimismo, se establece que el secreto bancario no puede ponerse como excusa para negar la información solicitada.

Defendido por el oficialismo a pesar de las dificultades que atraviesan las relaciones entre Uruguay y Argentina, el tratado genera duras críticas en la oposición y significa ponerse "de rodillas" ante el gobierno de Cristina Fernández, según opinó el senador del Partido Nacional, Francisco Gallinal.

Por su parte, su colega y ex candidato presidencial por la misma fuerza, Jorge Larrañaga, sostuvo que "estamos asistiendo a la implementación de ungran hermano tributario que puede tener perjuicios insospechados para nuestro país".

El acuerdo genera además visiones diferentes en empresarios e inversores, algunos de los cuales estiman que su aplicación puede golpear las inversiones argentinas en Uruguay.

"Vamos a una sociedad que requiere un mayor nivel de transparencia, entonces todas estas cuestiones que tengan que ver con esa transparencia y no llevar por delante derechos individuales, me parecen bien", dijo a ANSA el empresario argentino Gustavo Grobocopatel.

El presidente del grupo Los Grobo, el mayor cultivador de soja en el país, indicó que "es una forma generar flujos de inversiones y conocimientos estables y de largo plazo", por lo cual "no debería de esperarse una retracción en materia de proyectos productivos".

No obstante, el corredor de bolsa, Roberto Moreno, señaló a ANSA que el tratado "por lo menos enlentece la inversión, porque el argentino no se quiere arriesgar de que su nombre esté en la picota pública por haber girado a determinado país un monto importante de dinero".

Estimó que el acuerdo "va a afectar tanto inversiones inmobiliarias como en títulos financieros" y recordó que "desde hace años, los argentinos han tenido un papel preponderante en Uruguay y evidentemente cualquier traba enlentece, no creo que elimine las inversiones, pero sí las va a enlentecer".

De hecho, las inversiones de argentinos en inmuebles en el balneario Punta del Este, favorito de los turistas de ese orígen, así como en otros de la costa oceánica, cayeron hasta 50% en los meses posteriores a la firma del tratado, informaron días pasados dirigentes de las cámaras inmobiliarias.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) había exigido a Uruguay firmar acuerdos de transparencia tributaria con Argentina y Brasil para salir de la "lista gris" de "paraísos fiscales", es decir países sospechados de lavar dinero.