Una nueva jornada de alegatos se cumplió ayer en el juicio por la desaparición de Marita Verón y, tal como sucedió en las audiencias anteriores, los abogados solicitaron la absolución de los imputados que defienden.
Roberto Flores y Luis Acosta, defensores de Paola Gaitán y Carlos Luna, respectivamente, buscaron demostrar que ambos imputados no tienen responsabilidad en la desaparición de la joven tucumana, ocurrida el 2 de abril de 2002.
Flores sostuvo que Gaitán es una madre de dos hijos menores de edad, ama de casa, y que es "víctima de un sistema penal represivo que ataca a los excluidos sociales".
"El único error que cometió en su vida fue el de haber sido la esposa de Carlos Luna", ironizó el letrado.
Acosta, por su parte, alegó que las testigos que declararon en la causa eran pro-Fundación María de los Angeles Verón y "sólo respondían preguntas de los abogados querellantes".
"Cuando le preguntaban los defensores las únicas respuestas eran `no recuerdo`", sostuvo Acosta, quien aclaró que Luna sólo alquilaba el "Candy" y que contaba con las habilitaciones para funcionar como whisquería.
"Ninguna testigo mencionó directamente que Carlos Luna tuviera que ver con el secuestro, traslado y promoción de la prostitución" de Marita, indicó.
Durante su alegato, Acosta se refirió a la vinculación entre su defendido y Pascual Andrada, el ex policía señalado como la persona que habría trasladado a Marita a la Rioja.
"No existe ninguna posibilidad de que Luna haya mandado a Pascual Andrada a secuestrar a Marita Verón", resaltó.
"A Andrada lo vinculan con Luna porque hay una amistad entre ellos", explicó el abogado y advirtió que su cliente "vino a Tucumán en octubre y la desaparición de Marita sucedió en abril".
"El vino a la casa de una mujer para preguntarle si quería trabajar en La Rioja haciendo shows, cantando, bailando, lo que antes se hacía en un cabaret", señaló.
El juicio continuará hoy con otra ronda de alegatos y una vez que expongan todos los abogados defensores el tribunal estará en condiciones de dar el veredicto.
Los 13 imputados que están siendo juzgados son: Víctor Rivero, María Jesús Rivero, Andrés González, Lidia Medina, Jesús González, José Gómez, Daniela Milhein, Cintia Gaitán, Carlos Luna, María Azucena Márquez, Andrada, Mariana Bustos y Humberto DeRoberti.
Se los acusa de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento agravado por su condición de mujer, en concurso con el delito de promoción de la prostitución, en perjuicio de María de los Ángeles Verón.
Anteriormente, el representante del Ministerio Público Fiscal y la querella habían solicitado penas de hasta 25 años para los acusados.
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