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AMPLIARJorge Rafael Videla fue indagado el viernes por primera vez en una causa judicial en Tucumán

Indagaron a Videla en causa Operativo Independencia

Jorge Rafael Videla fue indagado el viernes por primera vez en una causa judicial en Tucumán. El represor se limitó a leer un descargo que viene reproduciendo desde 1984 en el que señala que hubo una guerra interna y que la justicia civil no es competente para juzgarlo.

El viernes pasado fue indagado Jorge Rafael Videla, por primera vez en una causa judicial en Tucumán. El represor fue desde 1973 jefe del estado mayor del ejército argentino, asumiendo su comandancia en agosto de 1975, unos pocos meses antes del dictado de los decretos 2770, 2771 y 2772 que significaron la nacionalización del esquema ensayado en Tucumán durante el Operativo Independencia.

Videla se negó a declarar y se limitó a leer un descargo que viene reproduciendo desde 1984 en el que señala que hubo una guerra interna y que la justicia civil no es competente para juzgarlo. 

Entre el miércoles 17 y el viernes 26 de octubre prestaron declaración indagatoria 28 imputados.

Quedaron detenidos en unidades penitenciarias Mario Benjamín Menéndez, José Ernesto Cuestas, Walter Saborido, Fernando Labayru, Pedro Adolfo López, Pedro Alberto Rojas y Víctor Hugo Olmos.

Quedaron con arresto domiciliario Ernesto Nicolás Chávez, José María Menéndez, Miguel Ángel Carrasco, Alberto Alfredo Svendsen, José Luis del Valle Figueroa, Jorge Gerónimo Capitán, Luis Rolando Ocaranza. 

Fueron excarcelados hasta la resolución de su situación procesal Omar Ángel Baldo, Juan Bautista Cabrera, Roberto Monteros, Carlos Alberto Diácono, Julio César Sarmiento. 

Mantuvieron su situación actual (detención) Miguel Ángel Moreno, Ramón César Jodar, Jorge D'Amico, Jorge Omar Lazarte, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, Roberto Heriberto Albornoz y Jorge Rafael Videla.   Mientras que quedó con arresto domiciliario Carlos Delia Larrocca. 

Luego de terminadas las indagatorias (restan las de Luciano Benjamín Menéndez, Enrique José Del Pino, Ernesto Arturo Alais, Carlos Alberto Trucco y hay dos que fueron suspendidas hasta constatarse el verdadero estado de salud de los imputados) el juez federal Daniel Bejas deberá resolver la situación procesal en la que quedan los imputados, es decir, si a su criterio existe mérito suficiente para procesarlos por los hechos delictivos imputados por la fiscalía. 

Causa Operativo Independencia

En la acusación de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos se señala que el "Operativo Independencia" consistió en la intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad para ejecutar un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror. Esto se inició en febrero de 1975, con la aquiescencia del gobierno civil de la provincia de Tucumán. La intervención fue comandada en primer lugar por Adel Edgardo Vilas y luego por Antonio Domingo Bussi. Entre diversos aspectos particulares de la causa, la acusación fiscal señala que el eje del sistema represivo en aquel momento estuvo dado por lo que se conoce como el primer Centro Clandestino de Detención (CCD) del país, "La Escuelita" Diego de Rojas de la localidad de Famaillá. Vilas reconoció en su momento la existencia de este CCD y describió su funcionamiento señalando que entre el 10 de febrero y el 18 de diciembre de 1975, habían pasado por allí 1.507 personas.

El Operativo Independencia constituyó una verdadera ocupación militar de Tucumán, con todas las implicancias negativas y perversas que impone tal situación. En el periodo comprendido entre febrero de 1975 y marzo de 1976 formaron parte de estas operaciones más de treinta unidades militares, de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal de todo el país. Las consecuencias en la sociabilidad de la provincia fueron devastadoras. De las causas judiciales en trámite por delitos de lesa humanidad en Tucumán, la tercera parte de ellas corresponde a hechos ocurridos con anterioridad al golpe de estado de 1976. Esto resulta un caso único en el país y remarca al mismo tiempo los efectos que tuvo en la sociedad tucumana este primer "banco de pruebas" represivo, que sirvió para desmontar un sindicalismo azucarero organizado, un movimiento universitario y cultural único en la región, así como también representó el primer caso de disciplinamiento de la prensa y de utilización del poder judicial federal como un engranaje legitimador del plan criminal.