03/10/2012 - Conflicto

Amplio repudio de fuerzas sociales y políticas a protesta de fuerzas de seguridad

La ministra de Seguridad Nilda Garré anunció ayer el pase a retiro de 20 altos oficiales de Prefectura y Gendarmería, mientras hasta anoche continuaba la protesta llevada adelante por integrantes de ambas fuerzas de seguridad, que fueron repudiadas desde amplios sectores sociales, sindicales y políticos, tanto del oficialismo como de la oposición.

 En ese marco, el gobierno nacional oficializó a través del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que los gendarmes cobrarán "el mismo salario que el mes pasado" y los agentes de Prefectura recibirán un haber compensatorio por única vez para alcanzar el mismo sueldo de septiembre, para aquellos efectivos que cobren hasta 12.500 pesos. 

Paralelamente, los diputados nacionales representantes de diferentes partidos políticos instaron hoy a los integrantes de esas fuerzas a "adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas". 

El texto, con la firma del titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, María Teresa García y Juliana Di Tullio, del FPV; Ricardo Gil Lavedra (UCR); Carlos Heller (Nuevo Encuentro); Alicia Ciciliani, Victoria Donda y Juan Carlos Zabalza (FAP). 

También suscribieron el documento los diputados Federico Pinedo (PRO); Eduardo Amadeo (Frente Peronista); Norma Abdala de Matarazo (Frente Cívico por Santiago); Alfonso Prat Gay (Coalición Civica) y Patricia Bullrich (Unión por Todos). 

"Los diputados nacionales representantes de los diferentes partidos políticos, instamos a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas, en todo de acuerdo con la Constitución nacional", resaltó el texto. 

Del mismo modo se expresó durante la tarde la Cámara de Senadores, que aprobó hoy una declaración para instar a las fuerzas de seguridad a “adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático”. 

La iniciativa fue elaborada por los integrantes de la Cámara de Diputados y apoyada en el Senado por el Frente para la Victoria, Peronismo Federal y el interbloque del FAP. 

En ese sentido, el jefe del bloque de senadores del FpV, Miguel Ángel Pichetto, dijo que “ocurrió un hecho que desde el punto de vista institucional debe ser abordado con madurez”. 

Durante la protesta, que tuvo como epicentro las sedes de ambas fuerzas, la ministra Garré anunció "el pase a retiro" de 10 prefectos generales de la Prefectura Naval y de 10 comandantes generales de la Gendarmería Nacional. 

A la vez, anunció el nombramiento del comandante general Enrique Zach en reemplazo de Héctor Schenone en Gendarmería, mientras que en Prefectura fue designado el prefecto general Luis Alberto Heiler en reemplazo de Oscar Arce. 

"Con lo cual queda normalizada la situación en las dos fuerzas de seguridad", sostuvo Garré en contacto con los medios en el edificio Centinela. 

Además del rechazo del Senado y Diputados, los organismos de derechos humanos alertaron hoy "sobre el oportunismo de sectores que buscan desestabilizar el orden democrático", en una conferencia de prensa que brindaron esta tarde en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo. 

En un documento conjunto que leyó la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, los organismos dijeron que el reclamo salarial es "justo y legítimo" pero "está siendo aprovechado", aún después de haber sido "resuelto por la presidenta" Cristina Fernández de Kirchner. 

"No debemos perder de vista antecedentes recientes de intentos desestabilizadores en países vecinos como Honduras, Ecuador, Bolivia y Paraguay que en algunos casos lograron su objetivo", destacaron. 

Los gobernadores de las provincias de Entre Ríos, Sergio Urribarri; de Chaco, Jorge Capitanich; de Mendoza, Francisco Pérez; de Jujuy, Eduardo Fellner; de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Tucumán, José Alperovich, se manifestaron en contra de la modalidad del reclamo, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, pidió que los efectivos "vuelvan a sus casas e inicien el diálogo". 

Para Capitanich, en tanto, luego de la decisión del Poder Ejecutivo de dejar sin efecto el decreto que se cuestionaba y autorizar el pago normal de haberes "no existen ni razones, ni justificativos para mantener un estado deliberativo de ninguna fuerza”. 

El mandatario chaqueño, quien además es miembro de la Comisión Política del Partido Justicialista, mencionó que “una estructura jerárquica y piramidal de una fuerza de seguridad debe subordinarse a las autoridades institucionales, so pena de cometer acto de sedición, algo que se encuentra severamente penalizado por la Constitución”. 

Por otra parte, un conjunto de sindicatos manifestó una “profunda preocupación" por la protesta y señaló que sus reclamos no deben quedar "asociados con intenciones desestabilizadoras". 

Las organizaciones gremiales expresaron que “comprenden el reclamo por parte de esas fuerzas" pero tratándose de personal de seguridad consideraron que “deben extremarse los recaudos para no dejar asociado a un legítimo reclamo con intenciones desestabilizadoras del sistema democrático”. 

También las organizaciones que integran "Unidos y Organizados", el Movimiento Evita, La Cámpora, Kolina, Frente Transversal, La Corriente Nacional de la Militancia y Nuevo Encuentro, entre otras, acusaron a "medios monopólicos" de "fogonear con objetivos desestabilizadores" la protesta de los uniformados. 

Consideraron en un documento  que se trata de una "clara intentona destituyente y golpista" escondida detrás de confusas situaciones producida cuando la presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner se encontraba fuera del país. 

Por último, intendentes del conurbano y otros puntos del país se opusieron al reclamo, como así distintas personalidades de la cultura y el arte, que manifestaron su descontento con la modalidad, a la vez que alentaron "el diálogo y el cese de presiones".