El Tribunal Oral en lo Criminal Veintidós (TOC 22) impuso penas de hasta 23 años de prisión a los responsables de una red dedicada a la explotación sexual de mujeres que operaba en el barrio porteño de La Boca, y dirigentes sociales que acompañaron a las víctimas calificaron al fallo de "ejemplar".
La lectura del veredicto provocó una gran emoción, especialmente a las cuatro jóvenes que aportaron sus testimonios en 2006, cuando se radicó la denuncia, para probar que habían sido coptadas por una organización dedicada a la trata.
Afuera, en tanto, familiares de los principales condenados agredieron con piedras y algunos golpes a integrantes de organizaciones sociales y periodistas que se habían ubicado en la puerta de acceso a los tribunales de Comodoro Py 2002.
"Este hecho no empañó el gran paso que dio la sociedad hoy al contar con condenas ejemplares de hasta 23 años para los responsables de una red de delincuentes que operaba en la ciudad de Buenos Aires", dijo a Télam Mariano Skliar, secretario general de la Junta Interna de Promoción Social de ATE-capital.
El principal condenado fue Alberto Villalba, quien recibió 23 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal de una menor de 13 años y trata de personas.
Villalba fue responsabilizado por 9 hechos en tanto que Jorge Rodríguez, por similares delitos pero menos cantidad de casos, fue condenado a 21 años de cárcel.
A Carlos Centurión, solo condenado por el delito de abuso sexual (éste sin acceso carnal), el TOC 22 le impuso 6 años de prisión, mientras que Jorge Forte fue absuelto.
Skliar destacó la labor de la Fiscalía "que trabajó con mucha eficiencia y compromiso" y de los trabajadores de los programas dependientes de la Subsecretaría de Promoción Social de la Ciudad de Buenos Aires.
"A pesar de la falta de políticas públicas y de la precaridad laboral de los trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires, se pudo lograr cumplir con el proceso y alcanzar un fallo histórico", explicó el referente de la junta de promoción social de ATE.
Aquí, aseguró Skliar, "hubo conciencia y compromiso de los integrantes de programas sociales cuya función principal es contener y acompañar a las víctimas", reivindicó.
Durante la audiencia, el tribunal decidió que la sentencia será puesta en conocimiento del Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que durante el proceso se denunció una presunta “cobertura policial” para favorecer el negocio de los proxenetas.
“Fue una condena ejemplar”, dijo luego de conocer el veredicto María Elena Naddeo, presidente de la Comisión de la Mujer, Infancia y Juventud de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa penal se inició en 2006, cuando se denunció que en los barrios funcionaban redes de explotación sexual que tenían como víctimas a mujeres jóvenes y en algunos casos menores de edad.
“Fue una condena ejemplar”, dijo luego de conocer el veredicto María Elena Naddeo, presidente de la Comisión de la Mujer, Infancia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
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