El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó al ex personal civil de inteligencia (PCI) Juan José Luis Gil, en lo que fue el primer juicio contra un acusado de amenazar y amedrentar a investigadores de causas por crímenes de lesa humanidad.
Así lo decidió el Tribunal integrado José María Escobar Cello, Otmar Paulucci y María Ivón Vella, que leyó la sentencia en su carácter de presidenta.
Gil fue condenado "como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas y coacciones agravadas, en dos hechos en concurso real".
De esa forma, la jueza Vella informó que se le impuso "en tal carácter la pena de 5 años de prisión y inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena", de acuerdo a los artículos 12 y 19 del Código Penal.
La pena de 5 años de prisión fue festejada por más de un centenar de manifestantes que cortaron la calle Primera Junta, en su intersección con San Jerónimo, para escuchar el veredicto.
Además, el Tribunal fijó una nueva audiencia para el 17 de septiembre a las 19, oportunidad en la que se leerán los fundamentos de su sentencia.
En los alegatos, los abogados defensores Mauricio Monchini y Gonzalo Miño solicitaron la absolución de su cliente, en tanto el fiscal federal subrogante Martín Suárez Faisal pidió una pena de 8 años de prisión.
Por su parte, las dos querellas habían solicitado una pena mayor: Pedro Dinani (en representación del querellante Gabriel Hernández) pidió 13 años de prisión, en tanto Iván Bordón (en nombre de Raúl Borsatti, Jorge Miceli y Pablo Rolón) requirió 12 años de cárcel.
Además, el Tribunal ordenó decomisar la notebook del imputado para ser entregada a "algún establecimiento oficial de bien público" y remitir al Juzgado Federal de Reconquista un DNI, una Libreta Cívica y una credencial policial hallados en casa del imputado para que "se investigue su presunta falsedad".
La denuncia que dio inicio a la causa fue radicada por integrantes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de Reconquista, y daba cuenta de la recepción de dos correos electrónicos con amenazas y intimidaciones.
Los mails también fueron recibidos por la Fiscalía Federal de Reconquista y el Concejo Municipal de la misma ciudad, en todos los casos con amenazas.
El ex policía estaba acusado de haber amenazado mediante correos electrónicos a funcionarios judiciales, querellantes y otras personas vinculadas a la denominada Causa número 50 "Base Aérea", que investiga los delitos de la represión ilegal en Reconquista durante la dictadura.
Gil fue procesado en diciembre de 2009 por el juez federal de Reconquista, Mario Alurralde, por los delitos de "amenazas y coacciones agravadas", luego de dar por probado que algunos mails salieron desde la conexión de la empresa Arnet a nombre del acusado.
Este fue el octavo juicio vinculados a causas por delitos de lesa humanidad, pero es el primero en su tipo, en tanto continúa en Rosario el noveno proceso por hechos cometidos en la localidad de San Nicolás.
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