05/09/2012 - Lesa humanidad

Se realizaron 61 juicios orales a represores en cinco años

La justicia federal realizó en los últimos cinco años 61 juicios orales por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, según surge de un informe publicado en el portal del Centro de Información Judicial (CIJ), dependiente de la Corte Suprema.

Los 61 juicios se realizaron en todo el país desde 2008 hasta agosto último, "mientras que en la actualidad se llevan a cabo 15 debates y otros cinco tienen fecha de inicio fijada", precisa un informe de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, creada por la Corte para impulsar esos procesos.

 En el 2008, por "falencias advertidas en la tramitación de las causas", apenas se habían realizado siete debates orales en los que fueron juzgadas 29 personas, con condenas y absoluciones, y para 2009 estaban programados sólo 13 juicios orales.

 En ese marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante la Acordada 42/08, creó la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad "con el objeto de asistir y detectar los problemas que obstaculizan la tramitación de aquellos juicios de lesa humanidad", señala el citado informe.

 La Unidad "aborda la problemática de cada jurisdicción en materia de recursos humanos a partir de un estudio pormenorizado de la organización del personal de los tribunales que tiene causas de esta índole y se confecciona un listado de juicios fallados, en trámite y con fecha de inicio de debate, entre otras funciones de asesoramiento en materia de superintendencia".

El 27 de marzo de 2009, "en el ámbito de la Corte y de conformidad con la Acordada 42/08, comenzó a funcionar la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por delitos de Lesa Humanidad".

Junto a representantes de la Unidad de Superintendencia, integran esta Unidad miembros de distintos poderes del Estado, bajo la coordinación del secretario General y de Gestión de la Corte Suprema, Alfredo Kraut.

"El objetivo de la Comisión es resolver, a través del diálogo entre los tres poderes, las dificultades que provoquen demoras en la sustanciación de este tipo de causas", señala el informe de la Unidad.

 La Comisión aborda "las vacantes por cubrir en los tribunales orales con competencia federal, la acumulación de procesos en pocos tribunales, los déficits en salas de audiencias adecuadas para celebrar estos debates, la escasa cantidad de debates llevados a cabo pese a la gran cantidad de personas procesadas, fragmentación de la causas, entre otras temas".

El 7 de septiembre de 2009, la Corte dictó la Acordada 37/2009, luego de los informes realizados por la Secretaría General y de Gestión.

Esta acordada estableció el mecanismo para la integración de los tribunales federales y dispuso que la Cámara Federal de Casación implementará la decisión.

 "Así, mediante la resolución nro. 236/09 de la Cámara Federal de Casación Penal, se cubrieron las vacantes existentes en los tribunales orales en lo Criminal Federal de la Capital", relata el informe de la Unidad de Superintendencia.

 Por la misma resolución, "se reasignaron las causas seguidas por violaciones a los derechos humanos correspondientes a hechos cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército -en ese momento radicadas en el TOF 5- entre los restantes TOF, en atención a que estaban en mejores condiciones de afrontar dicha carga de trabajo".

La decisión de reasignar causas para agilizar los procesos "luego se replicó en otras jurisdicciones (La Plata, Mar del Plata, San Martín, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Luis, Salta, Bahía Blanca, La Pampa, Neuquén, Formosa, Chaco, San Juan, Paraná,

Rosario, Santa Fe y, recientemente, en Santiago del Estero, La Rioja y Jujuy).

De esta manera, "se pudieron celebrar juicios orales que a esa altura registraban ciertas demoras", afirma el documento.

Así, "en el año 2008 se realizaron 6 juicios orales; en el año 2009, 12; en el 2010, 16; en el 2011, 17 y hasta agosto del 2012, se concluyeron 10 juicios. Existen además 15 debates en trámite y cinco juicios ya tienen fecha fijada" para su iniciación.

"Otra de las cuestiones resueltas por la Unidad fue la decisión de subsanar el déficit detectado en el registro audiovisual de las audiencias de juicios orales", según el informe de ese organismo.

 Con este fin, la Corte "celebró un convenio, el 16 de diciembre del 2009, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA), que tiene como objeto la cooperación recíproca para lograr la filmación de los juicios".