El gobierno chileno respondió ayer con dureza a la molestia del multimillonario brasileño Eike Batista, quien declaró que "se está volviendo imposible" invertir en Chile.
Batista se mostró molesto luego que la Corte Suprema paralizó su proyecto Central Termoeléctrica Castilla, que pretendía generar 2.100 megavatios de potencia en el norte del país.
En su cuenta Twitter, el hombre más rico de Brasil añadió que
si en Chile "no nos quieren, Vámonos¡ Bye Bye".
Ante la molestia de Batista reaccionó el ministro de
Hacienda, Felipe Larraín, quien llamó al empresario brasileño a
"revisar las cifras récord de inversión extranjera" que acumula
el país.
En la misma línea, el ministro de Minería, Hernán de
Solminihac, enfatizó que Chile se caracteriza por sus
condiciones favorables para los inversionistas extranjeros.
"En Chile cualquier persona puede decir lo que quiera, pero
en este día en los medios de comunicación también sale que en
este semestre ha habido un alza histórica (en la inversión
extranjera) ya que creció un 80 por ciento", señaló a radio
Cooperativa.
"Hay muestras claras de que Chile es un país que recibe y
respeta la institucionalidad para que se realicen inversiones
extranjeras, así es que en ese sentido, esperamos que se
mantenga esa credibilidad y podamos ir avanzando para alcanzar
el desarrollo", agregó De Solminihac.
Castilla pretendía ser la segunda central termoeléctrica más
grade de América Latina y su generación eléctrica iría
directamente destinada a abastecer las necesidades energéticas
de la industria de la minería del cobre y oro, que se centra
principalmente en el norte chileno.
Junto a la central, Castilla proyectaba la construcción de un
puerto donde desembarcaría el carbón combustible, proveniente de
otra de las empresas que Batista posee en Colombia.
Sin embargo, todo se derrumbó luego que la justicia acogió un
recurso de protección presentado por los vecinos de la pequeña
comunidad de Totoral, que se oponen al proyecto por considerarlo
contaminante.
La Corte argumentó que la empresa brasileña MPX y su socio
alemán E.On, cometieron un error al presentar ambos proyectos
-el de la central y el puerto-, por separado, y concluyó que
deberán someter el proyecto en su totalidad nuevamente a un
estudio de impacto ambiental, en caso de que quieran seguir con
la iniciativa energética.
Tanto el gobierno como el mundo empresarial manifestó su
preocupación por la paralización de Castilla y advirtieron sobre
los riesgos de desabastecimiento y en el desarrollo del país.
Pero a 24 horas de desatada la polémica, el presidente
Sebastián Piñera anunció el proyecto de carretera eléctrica
pública, que es parte del plan energético del gobierno, que es
rechazado por grupos ambientalistas.
De acuerdo a estos grupos, el proyecto podría ser utilizado
gratuitamente por HidroAysén, para establecer su trazado de
transmisión, el que aún no cuenta con los permisos ambientales
correspondientes.
El 31 de mayo pasado, Colbún, propietaria de 49 por ciento de
las acciones de HidroAysén, recomendó parar el estudio de
impacto ambiental de la línea de transmisión de electricidad
hasta que no se den "las condiciones" para realizar obras de la
envergadura de estas represas.
La posición de Colbún, propiedad de la familia Matte -la más
poderosa de Chile-, fue considerada una presión al gobierno de
Piñera, que públicamente apoya la construcción de la mega obra,
que a su vez cuenta con 74 por ciento de rechazo de la
ciudadanía.
El ecologista Juan Pablo Orrego, coordinador internacional de
la campaña "Patagonia Sin Represas", denunció hoy que "el
gobierno ha excluido a los ciudadanos de la discusión sobre el
desarrollo eléctrico".
El experto añadió que "de aprobarse la Carretera Eléctrica, se beneficiaria exclusivamente al oligopolio que domina la generación, transmisión y distribución de electricidad en Chile".
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