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AMPLIAREl Multimillonario brasileño, Eike Batista

Empresario brasileño molesto por los problemas para invertir en Chile

El gobierno chileno respondió ayer con dureza a la molestia del multimillonario brasileño Eike Batista, quien declaró que "se está volviendo imposible" invertir en Chile.

Batista se mostró molesto luego que la Corte Suprema paralizó su proyecto Central Termoeléctrica Castilla, que pretendía generar 2.100 megavatios de potencia en el norte del país.

En su cuenta Twitter, el hombre más rico de Brasil añadió que si en Chile "no nos quieren, Vámonos¡ Bye Bye".

Ante la molestia de Batista reaccionó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien llamó al empresario brasileño a "revisar las cifras récord de inversión extranjera" que acumula el país.

En la misma línea, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, enfatizó que Chile se caracteriza por sus condiciones favorables para los inversionistas extranjeros. "En Chile cualquier persona puede decir lo que quiera, pero en este día en los medios de comunicación también sale que en este semestre ha habido un alza histórica (en la inversión extranjera) ya que creció un 80 por ciento", señaló a radio Cooperativa.

"Hay muestras claras de que Chile es un país que recibe y respeta la institucionalidad para que se realicen inversiones extranjeras, así es que en ese sentido, esperamos que se mantenga esa credibilidad y podamos ir avanzando para alcanzar el desarrollo", agregó De Solminihac.

Castilla pretendía ser la segunda central termoeléctrica más grade de América Latina y su generación eléctrica iría directamente destinada a abastecer las necesidades energéticas de la industria de la minería del cobre y oro, que se centra principalmente en el norte chileno.

Junto a la central, Castilla proyectaba la construcción de un puerto donde desembarcaría el carbón combustible, proveniente de otra de las empresas que Batista posee en Colombia.

Sin embargo, todo se derrumbó luego que la justicia acogió un recurso de protección presentado por los vecinos de la pequeña comunidad de Totoral, que se oponen al proyecto por considerarlo contaminante.

La Corte argumentó que la empresa brasileña MPX y su socio alemán E.On, cometieron un error al presentar ambos proyectos -el de la central y el puerto-, por separado, y concluyó que deberán someter el proyecto en su totalidad nuevamente a un estudio de impacto ambiental, en caso de que quieran seguir con la iniciativa energética.

Tanto el gobierno como el mundo empresarial manifestó su preocupación por la paralización de Castilla y advirtieron sobre los riesgos de desabastecimiento y en el desarrollo del país. Pero a 24 horas de desatada la polémica, el presidente Sebastián Piñera anunció el proyecto de carretera eléctrica pública, que es parte del plan energético del gobierno, que es rechazado por grupos ambientalistas.

De acuerdo a estos grupos, el proyecto podría ser utilizado gratuitamente por HidroAysén, para establecer su trazado de transmisión, el que aún no cuenta con los permisos ambientales correspondientes.

El 31 de mayo pasado, Colbún, propietaria de 49 por ciento de las acciones de HidroAysén, recomendó parar el estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión de electricidad hasta que no se den "las condiciones" para realizar obras de la envergadura de estas represas.

La posición de Colbún, propiedad de la familia Matte -la más poderosa de Chile-, fue considerada una presión al gobierno de Piñera, que públicamente apoya la construcción de la mega obra, que a su vez cuenta con 74 por ciento de rechazo de la ciudadanía. El ecologista Juan Pablo Orrego, coordinador internacional de la campaña "Patagonia Sin Represas", denunció hoy que "el gobierno ha excluido a los ciudadanos de la discusión sobre el desarrollo eléctrico".

El experto añadió que "de aprobarse la Carretera Eléctrica, se beneficiaria exclusivamente al oligopolio que domina la generación, transmisión y distribución de electricidad en Chile".