La ley conocida como "Prostíbulos cero", que fue aprobada por la Legislatura y promulgada ayer por el gobernador José Alperovich, procura lograr que "no haya mujeres en Tucumán que necesiten de la prostitución para vivir", sostuvo Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles.
"Ya promulgué la ley y ahora hay que esperar unos días para que entre en vigencia", explicó ayer Alperovich en rueda de prensa, y adelantó que convocará a Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, secuestrada por una red de trata en 2002, y a los abogados de la Fundación que preside para que trabajen en la reglamentación.
El gobernador destacó que "ellos pidieron colaborar y nosotros queremos que participen. Vamos a hacer participar a Trimarco para no dejar solas a las chicas que están trabajando porque queremos ayudarlas en todo lo que sea necesario, incluso si necesitan recursos económicos, vivienda, asignación universal por hijo".
En ese sentido, Garmendia destacó que el espíritu de la ley pretende lograr que "no haya ninguna mujer en Tucumán que necesite de la prostitución para vivir".
"Es importante la sanción de una ley porque lo que está haciendo es establecer una política pública", manifestó el abogado, y confirmó que "el gobernador nos ha pedido que trabajemos en conjunto".
El representante de la Fundación María de los Angeles señaló que "además de causarnos orgullo, esta convocatoria demuestra que el gobernador tiene la decisión política tomada de atacar al problema de manera efectiva".
"La ley lo que hace es ir fuertemente contra los prostíbulos y muy fuerte contra los proxenetas pero no pretende criminalizar, ni estigmatizar a las mujeres o a las personas en situación de prostitución", aclaró.
Según Garmendia, lo que se está haciendo con esta ley es "brindar herramientas a cualquier persona en situación de prostitución para que deje de estarlo".
Cuando la ley entre en vigencia se prohibirá "la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración y/o la explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su consentimiento para ello", según señala el texto.
También dispone la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales mencionados apenas entre en vigencia de la ley.
Uno de los artículos establece que "en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la ley se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria".
Cuando estas no puedan acreditar su identidad y domicilio, serán tenidas como víctimas de la trata de personas y recibirán protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes.
La iniciativa implica graves penas para quienes sean propietarios o exploten locales donde se ejerza la prostitución ajena (hasta 60 días de arresto), y las sanciones no puedan ser subsanadas mediante el pago de una multa.
Además, prevé la creación de un "comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual", cuyos integrantes, funciones y atribuciones serán dispuestos por vía reglamentaria.
Finalmente, dispone que el Ministerio de Desarrollo Social provincial asista desde distintas áreas a las víctimas.
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