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AMPLIARLa Legislatura aprobó ayer un proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos en Tucumán

Tucumán libre de prostíbulos

La Legislatura aprobó ayer un proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos en Tucumán, y de esta forma la provincia se suma a la lucha encarada para combatir la trata de personas. La iniciativa prohíbe el funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabaret, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne.

El oficialismo impuso su mayoría en el recinto y aprobó la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, que se convertirá en ley apenas sea promulgada por el gobernador José Alperovich, lo que sucederá en los próximos días.

La iniciativa, que consta de 11 artículos, prohíbe en todo el territorio provincial el funcionamiento de lugares en los que se practique o se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías, cabaret, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne.

En declaraciones a la prensa, Alperovich resaltó la importancia de la aprobación del proyecto, admitió que el problema "no se va a resolver con solo un acto de gobierno", pero aclaró que "la intención es ayudar a combatir" este flagelo.

En tal sentido, aclaró que con la ley "no penamos a las chicas que trabajan sino a los que hacen trabajar a estas chicas, porque viene por detrás la trata de personas, de menores y las drogas".

Cuando la ley entre en vigencia se prohibirá "la instalación, el funcionamiento, el regenteo, el sostenimiento, la promoción, la publicidad, la administración y/o la explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, promocione, regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga provecho de la explotación de la prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su consentimiento para ello", señala el texto.

También dispone la inmediata clausura y cierre definitivo de los locales mencionados apenas entre en vigencia de la ley, que se conoce como "Prostíbulos cero".

 Uno de los artículos establece que "en todos los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la Ley se deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la prostitución de manera voluntaria".

Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio serán tenidas como víctimas de la trata de personas y recibirán protección y contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas.

 La ley implica graves penas para quienes sean propietarios o exploten locales donde se ejerza la prostitución ajena (hasta 60 días de arresto), y las sanciones no puedan ser subsanadas mediante el pago de una multa.

 Además, prevé la creación de un "comisión provincial de lucha contra la trata de personas y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual", cuyos integrantes, funciones y atribuciones serán dispuestos por vía reglamentaria, y dispone que el Ministerio de Desarrollo Social provincial asista a las personas perjudicadas.

Durante el debate, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse hizo una encendida defensa del proyecto y sostuvo que “esta es una declaración política del gobernador Alperovich, quien no quiere que haya más prostíbulos en Tucumán".

El legislador destacó el trabajo de Susana Trimarco (mamá de Marita Verón, secuestrada en 2002), al que comparó con el realizado por las Madres de Plaza de Mayo, y señaló que “su lucha por encontrar a su hija desaparecida nos permitió conocer cómo funciona la mafia de la trata de personas”.

En tanto, Jesús Salim, quien había presentado un proyecto con similares características trabajado junto a Trimarco, valoró que el Poder Ejecutivo haya tomado el tema en la agenda parlamentaria.

El legislador señaló que, durante una reunión con Alperovich, "el gobernador se comprometió a constituir una comisión especial para garantizar el seguimiento y la ejecución de las pautas previstas por la ley".

 Votaron en contra del proyecto los radicales Federico Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Ariel García y Roberto Sánchez,  y el democristiano José Páez.

 Según Norri, "esto es pura conveniencia política, no tiene vocación de éxito ya que vamos a generar un mercado clandestino con un régimen hipócrita e ineficaz”.