El canciller uruguayo, Luis Almagro, defendió ayer la decisión de los jefes de Estado del Mercosur de suspender a Paraguay, durante la interpelación hecha por el Senado a propósito de lo resuelto en la Cumbre de Mendoza, Argentina.
Pareciera que para el senador Sergio Abreu "no eran aplicables" las normas "internas e internacionales" que daban "garantías de debido proceso" al depuesto presidente paraguayo Fernando Lugo, dijo Almagro cuando, tras la extensa interpelación del senador del Partido Nacional (Blanco), fue su turno de responder los cuestionamientos.
El Senador, agregó el jefe de la diplomacia uruguaya "ignora por completo las obligaciones internacionales a las cuales está sujeto el Estado paraguayo, en virtud de acuerdos y tratados regionales e internacionales".
Abreu había asegurado que las decisiones adoptadas en Mendoza por los jefes de Estado del bloque regional "se han tomado fuera de las normas y en clara violación de varios tratados", reseñó el diario La República, citado por la agencia AVN.
Para el legislador opositor, la suspensión de Paraguay del Mercosur tras el golpe de Estado parlamentario contra el presidente Fernando Lugo viola el principio de no intervención y autodeterminación, regido por el derecho internacional.
A su turno, el canciller Almagro replicó señalando que la intervención de Abreu no hace mención "ni una sola vez (...) al artículo 17 de la Constitución paraguaya, al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni al artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por lo que pareciera que para él, dijo, las garantías para Lugo "no eran aplicables".
"En su empeño por circunscribir al ámbito de la jurisdicción doméstica paraguaya (...) los medios empleados para destituir al presidente Lugo, asume riesgos muy importantes", afirmó el ministro.
El jefe de la diplomacia señaló que "entre otras falencias, carencias", la exposición del Senado uruguayo "ignora por completo las obligaciones internacionales a las cuales está sujeto el Estado paraguayo, en virtud de acuerdos y tratados regionales e internacionales".
Almagro calificó como "inaceptable" que utilizando la figura del "juicio político", el poder legislativo derogue "todas las normas internas e internacionales que garantizan el debido proceso, permitiendo así un tratamiento arbitrario, abusivo o no conforme a los principios generales del derecho".
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