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26/07/2012 - De la CUT

Duro cuestionamiento sindical contra Dilma Rousseff

La Central Única de Trabajadores (CUT), considerada el brazo sindical del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), acusó ayer al gobierno de Dilma Rousseff de aplicar la agenda de la oposición derechista, por sancionar a los empleados públicos que desde hace 38 están en huelga.

El cese de actividades es en reclamo de aumento salarial y reemplazarlos en sus funciones.

La decisión del gobierno de Rousseff de reemplazar con "tercerizados" (contratados temporarios) a empleados públicos en huelga y de descontarles los días de protesta causó "preocupación" en la CUT, que se queja de la falta de diálogo de la presidenta con los movimientos sociales.

Reemplazar a los funcionarios públicos en huelga "atropella el proceso de diálogo y va en contramano de la legitimidad de una paralización en defensa del salario y de los derechos adquiridos".

La central sindical fundada en 1982 por el ex presidente Luiz Lula da Silva acusó a Rousseff de, con su reacción, conformar la agenda de la oposición derrotada en las urnas en 2010.

"Esta inflexión del decreto gubernamental nos deja extremadamente preocupados. Reprimir manifestaciones legítimas es aplicar el proyecto que hemos derrotado en las urnas. Para resolver conflictos, el camino es el diálogo, la negociación y el acuerdo. Sin eso, la huelga es la única salida", dice la conducción ejecutiva de la CUT.

La CUT advirtió también sobre el peligro para la soberanía nacional de colocar empleados "tercerizados" en áreas estratégicas en huelga, como las aduanas, el transporte y lel control de alimentos.

Rousseff ha mostrado, según los analistas de la prensa de Sao Paulo y Rio de Janeiro, una dureza hacia el sector sindical muy diferente al diálogo y la co-conducción que tenía durante el gobierno de su jefe político, Lula, ex sindicalista.

En Brasilia, el gobierno redobló su apuesta, esta vez por parte de la ministra de Planificación, Miriam Belchior, surgida en el mundo sindical de los años 70 y 80 del Gran Sao Paulo junto a Lula.

"La huelga es un derecho de los trabajadores, desde que asuman las consecuencias de este acto. Descontar el día no trabajado no es una sanción excepcional, es un despropósito que alguien haga huelga y gane por eso", dijo Belchior.

El gobierno apelará los recursos contra la sanción económica a los huelguistas, que se estiman son unos 350 mil en todo el país, presentada hoy ante la justicia por el sindicato de empleados de agencias reguladoras.

La presidenta Rousseff, según fuentes del gobierno citadas por el diario Valor, decidió que el abogado del gobierno, Luiz Además, ordenara el reemplazo de los huelguistas luego de que decenas de barcos y miles de contenedores quedaran impedidos de ingresar al país en los principales puertos.

La ministra Belchior dijo que el gobierno seguirá con su política de llegar a una propuesta para los sindicatos de empleados públicos.

El gobierno fracasó tres veces en las últimas dos semanas en llegar a un acuerdo salarial con los profesores universitarios de acasas de altos estudios federales que están en huelga desde mayo.

El impacto de la huelga se sintió hoy con gran fuerza ante la opinión pública, ya que el paro impidió al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) revelar los datos del índice de desempleo de junio.

El tono político del gobierno también lo marcó una veterana e importante dirigente del PT, Idele Salvatti, ministra de Relaciones Institucionales, para quien "la prioridad del gobierno es sólo una: enfrentar la crisis internacional".

"Por eso, toda medida que sea adoptada y que genere aumento del gasto público debe ser muy analizada. No es eso una prioridad", evaluó.