Enviar Nota | Imprimir

AMPLIARjuicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy

Testigo involucró a represor prófugo en el secuestro de Álvarez García

Un ex detenido involucró ayer al represor prófugo Juan Carlos Jones Tamayo en el secuestro del estudiante Rolando Julio Alvarez García, desaparecido en Jujuy desde el 21 de agosto de 1976, durante la última dictadura.

Al declarar como testigo en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy, el ingeniero Eduardo Mario López Salgado dijo que, mientras estaba encarcelado, aproximadamente un mes antes de quedar en libertad el 14 de agosto de 1976, Jones Tamayo lo interrogó sobre Alvarez García, de quien era amigo.

"Jones Tamayo tiene que ver porque, justo una semana después de quedar yo en libertad, secuestraron a `Pampero`", como sus amigos  llamaban al desaparecido militante estudiantil Alvarez García, declaró López Salgado, testigo propuesto por la fiscalía.

El Ministerio de Justicia de la Nación ofrece una recompensa por información que lleve a la captura del represor prófugo.

Jones Tamayo interrogaba a López Salgado en una oficina de la cárcel de Villa Gorriti en la que también se desempeñaba Mariano Rafael Braga, imputado en la misma causa por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por alevosía.

Por el secuestro y asesinato de Alvarez García, una de las cinco causas unificadas en el juicio que se sustancia en Jujuy, también fue acusado el general (RE) Luciano Benjamín Menéndez, apartado del proceso judicial por razones de salud.

López Salgado contó que estaba alojado en el Pabellón 1 del penal de Villa Gorriti, por el cual pasaron también el ex gobernador jujeño Carlos Snopek, el ex vicegobernador Venancio Cabana, ex legisladores, sindicalistas y otros presos políticos.

Interrogado sobre si en esa cárcel conoció a los hermanos Carlos Alberto y Ricardo Orlando Ortiz, el testigo dijo que eran oficiales del Servicio Penitenciario destinados al penal. "No sólo los vi, sino que nos verdugueaban", puntualizó.

El Tribunal Federal Oral (TOF) que preside el juez René Casas  tenía previsto iniciar hoy el tratamiento de la causa "Bazán, Avelino y otros", sobre el secuestro de trabajadores de Mina El Aguilar, pero resolvió hacerlo el viernes próximo.

 La reprogramación obedeció a que el represor Antonio Orlando Vargas, imputado en esta causa, debía participar del desarrollo de la audiencia por videoconferencia desde la cárcel bonaerense de Ezeiza pero el sistema de enlace por Internet falló.

Interventor militar de la cárcel de Villa Gorriti durante la última dictadura, Vargas fue trasladado al Penal 1 de Ezeiza tras el comienzo del juicio en Jujuy.

 Bazán, un emblemático dirigente sindical minero de El Aguilar, fue secuestrado y desaparecido en octubre de 1978, después de una detención entre marzo de 1976 y julio de 1978.

Menéndez y Vargas fueron acusados en la causa Bazán por los delitos de privación ilegítima de un total de 27 personas.

"Qué puede sentir uno ahora y después del golpe: sufrimiento", dijo a Télam en un cuarto intermedio de la audiencia Olga Graciela Ovalle de Bazán, esposa de Avelino.

Olga reiteró una vez más los interrogantes de "qué es lo que le hicieron, a dónde lo llevaron", y recordó que "él era un luchador por la gente humilde y se preocupaba por todos, por los niños".

Precisó además que Avelino fue detenido por primera vez el 29 de marzo de 1976 en su trabajo, recuperó la libertad el 20 de julio de 1978 y lo volvieron a secuestrar el 25 de octubre de 1978.

"Ese día me dijo: `prepará la cena temprano así comemos y vamos al cine`, antes de ir al centro", donde fue secuestrado en una confitería que había frente al cine Alfa, en Patricias Argentinas, evocó Olga, quien se desplaza en silla de ruedas.

"Se encontró con la familia (de Aurelio) Guanuco, el también minero, con su esposa y una nena, y cuando vio que entraban policías les dijo: `vienen por mí, quédense tranquilos`".

El Tribunal suspendió la audiencia de mañana debido a que se realizará la "Marcha del Apagón" desde Calilegua a Libertador San Martín, a 36 años de la operación represiva de julio de 1976 con unos 400 detenidos, de los cuales más de 30 siguen desparecidos.

El pedido de suspensión fue formulado por querellantes y el Programa Verdad y Justicia, ya que familiares de las víctimas de la represión e integrantes de organizaciones de derechos humanos y sociales, entre otros asistentes al juicio, acudirán a esa movilización.