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AMPLIARLas protestas se estenderán tambien esta semana

Ley de Pesca artesanal reinstala crisis en Chile

Las protestas de los pescadores artesanales contra la ley del sector diseñada por el gobierno, amenaza con reinstalar una nueva crisis social en Chile, ahora motivada por la privatización de los recursos pesqueros.

Los pescadores artesanales, movilizados desde hace meses, agudizaron sus protestas el 11 de julio pasado, después que la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó cada una de las 800 indicaciones al nuevo proyecto de Ley en una sesión que se extendió más de 15 horas.

"Los pescadores son un movimiento muy fuerte", explicó a ANSA el antropólogo Juan Carlos Skewes. "Uno podría pensar que habrá una explosión social y, de continuar la política del gobierno como está formulada, existirá una reconversión de los pescadores al estilo de los mineros y tendremos explosiones sociales muy fuertes", advirtió el director de la Escuela de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado.

"Si desgraciadamente el gobierno logra su objetivo, que son los objetivos de la empresa privada que está apoyando, estaríamos frente a un escenario lamentable para los pescadores", agregó.

La Ley de Pesca, que impulsa y defiende el ministro de Economía, Pablo Longueira, del partido ultraderechista Unión Demócrata Independiente, regirá la actividad en los próximos 20 años y establece una nueva repartición de las cuotas vigentes.

Los pescadores denuncian que aumentará la concentración de la actividad a favor de la industria y acabará con ellos, pues establece que los derechos de pesca de las grandes empresas podrán entregarse a perpetuidad y ser heredables.

El director de la organización ambientalista Ecocéanos, calificó el proyecto como "autoritario, excluyente e ilegítimo" y destacó que beneficia "a siete familias empresariales, responsables de la actual crisis pesquera por sobreexplotación y de la apropiación monopólica de las rentas que genera la actividad pesquera por más de 2 mil millones de dólares anuales".

En respuesta a las críticas, el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, aclaró que el sector pesquero agrupa a 83 mil familias en la pesca artesanal y 50 mil familias de trabajadores del sector industrial. Aseguró que con el proyecto de ley y el fraccionamiento de cuota acordado en la mesa pesquera, el sector artesanal contará con el 55% de los desembarques, mientras que el sector industrial disminuirá a 45% a nivel nacional.

Pese a esto, en los principales puertos y caletas del país, los pescadores realizan desde el miércoles pasado cortes de rutas, barricadas y manifestaciones que buscan frenar el proyecto, al que consideran letal par la pesca artesanal.

A esto se sumó la huelga de hambre que inició José Asencio, pescador del Puerto Gaviota de Coyhaique, en la Patagonia chilena.

La situación se agudizó el viernes tras una fallida reunión entre los dirigentes de la pesca artesanal y el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, quien decidió a última hora cambiar el lugar de la cita desde el palacio La Moneda, la sede del gobierno, hasta las dependencias del ex Congreso Nacional bajo el argumento de "falta de espacio".

A la hora de la cita fallida La Moneda estaba cercada por efectivos policiales que impidieron el acceso al lugar.

El cambio de planes molestó a los pescadores, quienes ya habían desestimado al ministro Longueira y al subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, como interlocutores válidos.

La senadora democratacristiana Ximena Rincón subrayó la "inoperancia" del gobierno para manejar los conflictos sociales.

Para Skewes, el gobierno opera "con las manos atadas" por los grandes intereses empresariales.

A su juicio esto genera "ciertas ambigüedades, porque hay una disposición inicial a escuchar. Sin embargo, cuando se empiezan a abordar los temas más profundos, que están más arraigados en el ejercicio del gobierno, ahí el diálogo no es posible y actúa dando los pasos que le pide su base empresarial", completó.

Pese a las críticas, el proyecto de ley parece seguir avanzando en el Congreso. Su análisis en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se efectuará el próximo martes 17 de julio, fecha en que se espera el despacho a Sala de la propuesta.