El programa de Salud en Contextos de Encierro, para mejorar las condiciones sanitarias de las personas encarceladas en todo el país, comenzó a funcionar tras su publicación en el Boletín Oficial. La iniciativa pretende mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas en contextos de encierro, mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales de todo el país.
La iniciativa pretende "mejorar la calidad en el acceso a la salud de las personas en contextos de encierro, mediante el fortalecimiento de los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales de todo el país", informó el Ministerio de Salud en un comunicado.
Con la formalización de esta iniciativa, en la que ya se venía trabajando desde los ministerios de Salud y de Justicia de la Nación, se busca "el fortalecimiento de acciones que garanticen el acceso y la atención de salud de personas en situación de cárcel, precisó la cartera.
Guillermo González Prieto, subsecretario de Salud Comunitaria, dijo que las personas privadas de su libertad "tienen derechos al igual que otros ciudadanos, y es nuestro deber que eso se cumpla.
"Por eso, el Estado tiene que asegurar que esta población pueda efectivizar sus derechos como el resto de las personas y, en este caso, el derecho de acceder a los servicios de salud", remarcó.
La directora de Medicina Comunitaria, Silvia Báez Rocha, puntualizó que “las acciones de este Programa están orientadas a disminuir las tasas de mortalidad de patologías evitables; promover la implementación de las políticas públicas del Ministerio en las
Unidades Penitenciarias y Alcaidías del país, y equiparar la atención sanitaria a la que se presta en el medio libre”.
El programa, además equipara la atención sanitaria de las personas que están en libertad con la de quienes se encuentran en situación de encierro, busca promover la adopción de un sistema de información estratégica que incluya la vigilancia epidemiológica, el monitoreo, y evaluación de calidad e impacto del programa.
Entre las acciones implementadas se destaca el incremento considerable de la distribución de métodos anticonceptivos entre las personas privadas de su libertad y los controles de salud para madres, niños y mujeres embarazadas dentro de los penales.
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