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Nuevas reglamentaciones para obras públicas

Para dar respuesta a la necesidad de ajustar las normas que rigen los materiales y las estructuras constructivas, existe una nueva generación de reglamentos en el país, que incorpora los avances del conocimiento en materia de seguridad estructural. Estos reglamentos son resultado de un trabajo conjunto del INTI, a través de su Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (CIRSOC), y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), y ya fueron aprobados por la Secretaría de Obras Públicas.

La reglamentación, aprobada por la resolución 247/12 y que entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2013, precisa que "el CIRSOC y el INPRES son los organismos responsables del estudio, desarrollo, actualización y difusión de los reglamentos nacionales de seguridad estructural y de seguridad sismorresistentes”

 También aclara que los reglamentos vigentes resultan obsoletos frente a los avances técnicos propuestos por los reglamentos y códigos modernos, tanto internacionales como regionales. En este sentido, la ingeniera civil Marta Parmigiani, directora de INTI-CIRSOC, declaró: “La importancia de la nueva reglamentación radica en que estamos presentando un conjunto de reglamentos de seguridad estructural, que actualiza el cuerpo reglamentario anterior, que ya tiene 30 años de vigencia, y que estaba alejado de las tendencias internacionales”.

El CIRSOC y el INPRES formulan y actualizan sus reglamentaciones junto a profesionales y académicos de todo el país, consensuando sus contenidos con todos los sectores involucrados a través de largos períodos de discusión pública nacional.

En la norma se destaca que "es de suma importancia para el país, que los profesionales relacionados con la industria de la construcción dispongan de reglamentos nacionales de seguridad estructural y sismorresistentes actualizados para el mejor ejercicio de la profesión". Por último, se afirma que la aprobación de esta reglamentación técnica actualizada está directamente relacionada con la seguridad pública de las personas y los bienes, función indelegable del Estado Nacional.