Un operativo, con más de 250 policías, se realizó, ayer, para desalojar a los supuestos ocupantes de la Estancia Riarte (Trancas), de la comunidad indígena Indio Colalao. Una resolución judicial ordenó restitución de 19.700 hectáreas, a Fredy Moreno Nuñez Vela.
Desde el martes a la noche fueron movilizados al lugar, alrededor de 250 policías, hacia la pequeña localidad de Riarte, que se encuentra en Trancas, al norte de la provincia, en el límite con Salta. La medida se lleva a cabo debido a una orden de desalojo de la Justicia provincial que determinó la restitución provisoria de 19.000 hectáreas a dos terratenientes.
En la actualidad, la zona es ocupada por numerosas familias de la comunidad Colalao.
La vocera de la comunidad indígena Colalao, en Riarte, aseguró que los policías para ingresar al predio, tuvieron que cruzar la frontera salteña para tomar por sorpresa y por la fuerza a quienes resistían pacíficamente la orden judicial.
Los agentes movilizados integran distintas divisiones como la Brigada de Investigaciones, Montada, Motorizada, Bomberos, Criminalística y el Grupo Cero.
Una resolución del 3 de julio firmada por el juez Francisco Pisa ordenó la inmediata restitución provisoria de la Estancia Riarte (Trancas), de una extensión aproximada de 19.700 hectáreas, al ciudadano Fredy Moreno Nuñez Vela. Además, dispuso la expulsión de los imputados (ocupantes) y de cualquier otro ocupante que permaneciese en su interior.
El titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal de la III Nominación de esta
capital resolvió que las órdenes mencionadas debían ser ejecutadas por
Guillermo Herrera, fiscal de Instrucción de la X Nominación de esta capital,
incluso con el auxilio de la fuerza pública.
Herrera había pedido la restitución del inmueble por considerar que Moreno
Nuñez Vela y Jorge Posse son sus titulares dominiales. También había
manifestado que el primero tiene la posesión legítima, pública, pacífica y notoria
de la estancia y que, no obstante ello, había sido despojado de esta en forma
violenta el día 17 de junio pasado por un grupo encabezado por Toledo. El
fiscal también había expresado que no se encuentra acreditado que la propiedad
en cuestión haya pertenecido en calidad de territorio originario a Indio
Colalao.
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