Representantes de organizaciones sociales y campesinas defendieron ante el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el proyecto de "reivindicación social" que encarnaba el destituido presidente Fernando Lugo, mientras crece la discusión sobre la decisión que el bloque continental adopte para con el país.
Las organizaciones se reunieron con Insulza -en su segundo día de visita a Asunción- y le transmitieron que la salida de Lugo de la presidencia "cortó un proceso de reivindicación social", según explicó Stella Maris Cacace, de la Comisión pro Equipo Nacional de Estrategia País, quien lamentó que "se estaba trabajando en proyectos de mejora en el campo y eso se tiró todo al tacho".
Otro de los participantes del encuentro fue el dirigente Luis Ferreira, del Consejo Popular Cordillerano, quien le explicó a Insulza que "se cortó un proceso que se estaba haciendo bien con el gobierno" de Lugo, consignó la estatal agencia IP Paraguay.
La ronda de Insulza con las organizaciones completa una ronda que el diplomático chileno empezó ayer con el presidente Federico Franco, el ex mandatario Lugo y la cúpula de la Iglesia Católica.
Mientras se debate qué decisión debe adoptar la OEA respecto de Paraguay, Lugo le dijo a un diario brasileño que la organización debería seguir los criterios de la Unasur y el Mercosur y suspender al país hasta que haya elecciones nuevamente.
"Creo que es lo más recomendable. Este golpe en Paraguay no se diferencia mucho a lo ocurrido hace tres años en Honduras. Entonces lo mínimo que puede hacer la OEA es expulsar a Paraguay de la entidad, como lo hizo en su momento con Honduras", apuntó Lugo en entrevista telefónica del diario Correio Braziliense.
El destituido mandatario insistió en la idea de "golpe de Estado a la democracia, a la institucionalidad y al proceso democrático" para hablar de la decisión del Congreso en su contra y advirtió que los golpes "hoy tienen muchos nombres, hasta cibernéticos".
También el ex secretario ejecutivo de la CIDH Santiago Cantón se pronunció en términos similares, al lamentar la "lentitud" de la respuesta de la OEA a la "gravísima" destitución de Lugo y reclamar también la suspensión de Paraguay del organismo.
"Es muy grave lo que pasó, creo que Mercosur y Unasur tomaron la medida correcta; esperemos que la OEA haga lo mismo: que suspenda a Paraguay; no se debería quedar atrás", dijo Cantón en entrevista con agencias de noticias en Washington, recién dejado su cargo en la CIDH tras 12 años.
En Asunción, en tanto, el titular de la Comisión de Defensa de Diputados, el oviedista José López Chávez, advirtió que Lugo podría ser denunciado penalmente por los legisladores y hasta suspendido para ocupar cualquier cargo público durante los próximos cinco años.
La especulación de López Chávez es porque evalúa que el ex obispo "tiene responsabilidad" en el incidente en el que se acusa al canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, de presionar a los mandos militares el viernes 22 de junio, en pleno proceso de juicio político contra el ex mandatario.
La Comisión de Defensa de Diputados recibió hoy a miembros del gabinete militar de Lugo para que dieran su versión acerca del supuesto hostigamiento de Maduro para una sublevación militar en aquellos días, reportó la agencia DPA.
Ayer, el Ministerio Público de Paraguay designó a dos fiscales para que se ocupen de ese tema, y está abierta la chance de que el gobierno de Franco pida explicaciones a Caracas y se exija la expulsión de los agregados militares de Venezuela y Ecuador que cumplen funciones en Asunción.
En tanto, el informe sobre la matanza de 11 campesinos y 6 policías del 15 de junio, que desencadenó la crisis que acabó con la destitución de Lugo, está listo y será elevado "pronto" al Ejecutivo, informó el ministro del Interior, Carmelo Caballero.
El ministro no quiso anticipar detalles del documento, que buscará echar luz sobre las decenas de versiones acerca del desalojo del predio propiedad del ex senador colorado Blas Riquelme, en la localidad de Curuguaty.
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