El Gobierno boliviano y los policías de bajo rango firmaron la madrugada del miércoles un acuerdo que responde a las peticiones de los uniformados y supera el conflicto en la institución del orden, que se inició hace seis días en demanda de una mejora salarial.
El acuerdo consta de 10 puntos, entre los que sobresalen, según informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, un incremento de 100 bolivianos al haber básico de los efectivos del orden, doble dotación de ración seca al año (arroz, azúcar y harina), revisión de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, creación de la Defensoría de la Policía y la formación de una comisión que se encargará de analizar la jubilación con el cien por cien de los ingresos percibidos.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge
Pérez, destacó el acuerdo y señaló que "hemos tenido arduas sesiones de
diálogo para lograr este acuerdo por el bien de la Policía y del país y
con esto todo retorna la tranquilidad".
La suboficial Esther Corsón, representante de clases y guardias,
señaló que "el acuerdo se lo hizo pensando en el pueblo de Bolivia
porque ya era hora, pues la población estaba desprovista de servicios de
seguridad".
El jueves 21 de junio se desató la huelga de los uniformados en
exigencia de un mayor salario, medida que en cuestión de horas adoptó
carácter nacional.
A la huelga sobrevinieron vigilias y marchas de protesta que
derivaron en la toma de instituciones policiales y la quema de
documentos, además del daño a infraestructuras como es el caso de la
Dirección del Tribunal Disciplinario y la Interpol, ubicadas ambas entre
las calles Colón y Comercio, en la ciudad de La Paz.
El repliegue de los policías ocasionó que Palacio de Gobierno
permanezca cerrado, al igual que la Cancillería que se ubica a pocos
pasos del edificio de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales
(UTOP), el mismo que fue el cuartel de los movilizados, como también la
actividad fue irregular en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
No obstante, el Gobierno instaló el sábado el diálogo con los
representantes de los uniformados, Edgar Ramos y Guadalupe Cárdenas,
ésta líder de las esposas de los policías, con quienes llegó a un
acuerdo la madrugada del domingo, el que fue desconocido por las bases
las que rechazaron el documento y pidieron una nueva negociación a la
que accedió el Ejecutivo.
En esta oportunidad el Gobierno entabló las conversaciones con los
representantes de los policías de los nueve departamentos del país con
quienes luego sesiones maratónicas de diálogo se alcanzó un acuerdo
definitivo.
Según el acuerdo suscrito, los policías se comprometen a retornar a
sus unidades y cumplir con sus habituales tareas a partir de la fecha,
así como el Gobierno y el Comando de la Policía no iniciarán procesos
contra los efectivos.
Por su parte la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos de La Paz, Teresa Zubieta, quien acompañó las negociaciones,
consideró que este acuerdo es un gran logro y resaltó, en ambas partes,
(Gobierno y Policías) la disposición para el diálogo y la capacidad para
realizar propuestas en pos de lograr respuesta a sus peticiones.
Finalmente el comandante de la Policía, coronel Víctor Maldonado,
señaló que "lo importante es que después de dialogar todo vuelva a la
normalidad, no sólo ganan los policías sino el pueblo porque se
restablecen los servicios y vuelve la normalidad".
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