La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió ayer un pronunciamiento en el que llama a “a colocar en contexto y perspectiva” el trágico episodio de Curuguaty que, según su postura, “exige profundos cambios y un compromiso irrestricto de las autoridades, de las organizaciones sociales y de toda la ciudadanía con la justicia y la garantía de los derechos humanos”.
El pronunciamiento de la coordinadora exige primeramente el rescate de todas las personas que pudieran estar aún heridas en el lugar donde se desarrolló el enfrentamiento y que los organismos del Estado proporcionen informaciones completas sobre las personas detenidas a fin de impedir más violaciones de derechos humanos.
El documento reclama además acciones concretas para la recuperación de tierras
malhabidas en el marco de una política de reforma agraria integral. En
este sentido, señala que la lucha por la tierra en el Paraguay parte de
una larga historia de entrega de soberanía, corrupción, exclusión,
expulsión y represiones al campesinado pobre, que constituyen el caldo
de cultivo de hechos violentos.
La Codehupy lamenta que “una vez
más sean las personas de sectores más humildes de la sociedad quienes se
enfrentan entre sí e incluso mueren bajo el supuesto de la defensa de
la propiedad privada, cuando en realidad se trata de la defensa de los
privilegios y de la impunidad de sectores poderosos y corruptos”.
Sostiene que se requiere revisar el sistema de justicia y todo el accionar estatal para transformar este estado de cosas.
En
su pronunciamiento, la Codehupy rechaza igualmente la designación de
Rubén Candia Amarilla como ministro del Interior, “pues fue responsable
de numerosas violaciones a los derechos humanos durante el tiempo en que
actuó como Fiscal General del Estado”. “Su nombramiento permite
anticipar un tiempo de mayor persecución y criminalización de las luchas
sociales”, asegura.
La coordinadora también lamenta la
insistencia de sectores de poder y de la prensa “en criminalizar la
lucha social, desconociendo la relevancia de que las organizaciones
campesinas, de sintierras y de otros sectores afectados por la
exclusión, se organicen y exijan cambios orientados a una mayor justicia
social y a la profundización de la democracia”.
Y rechaza el
recurso a la violencia armada como método para resolver los conflictos
sociales en el Paraguay, y exhorta a la resolución de conflictos en un
marco de convivencia pacífica y de respeto a la vida y los derechos
humanos de todas las personas.
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