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AMPLIARDolor en el velorio colectivo de campesinos

Organismos de DDHH de Paraguay exigen profundos cambios

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió ayer un pronunciamiento en el que llama a “a colocar en contexto y perspectiva” el trágico episodio de Curuguaty que, según su postura, “exige profundos cambios y un compromiso irrestricto de las autoridades, de las organizaciones sociales y de toda la ciudadanía con la justicia y la garantía de los derechos humanos”.

El pronunciamiento de la coordinadora exige primeramente el rescate de todas las personas que pudieran estar aún heridas en el lugar donde se desarrolló el enfrentamiento y que los organismos del Estado proporcionen informaciones completas sobre las personas detenidas a fin de impedir más violaciones de derechos humanos.

El documento reclama además acciones concretas para la recuperación de tierras malhabidas en el marco de una política de reforma agraria integral. En este sentido, señala que la lucha por la tierra en el Paraguay parte de una larga historia de entrega de soberanía, corrupción, exclusión, expulsión y represiones al campesinado pobre, que constituyen el caldo de cultivo de hechos violentos.

La Codehupy lamenta que “una vez más sean las personas de sectores más humildes de la sociedad quienes se enfrentan entre sí e incluso mueren bajo el supuesto de la defensa de la propiedad privada, cuando en realidad se trata de la defensa de los privilegios y de la impunidad de sectores poderosos y corruptos”.

Sostiene que se requiere revisar el sistema de justicia y todo el accionar estatal para transformar este estado de cosas.

En su pronunciamiento, la Codehupy rechaza igualmente la designación de Rubén Candia Amarilla como ministro del Interior, “pues fue responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos durante el tiempo en que actuó como Fiscal General del Estado”. “Su nombramiento permite anticipar un tiempo de mayor persecución y criminalización de las luchas sociales”, asegura.

La coordinadora también lamenta la insistencia de sectores de poder y de la prensa “en criminalizar la lucha social, desconociendo la relevancia de que las organizaciones campesinas, de sintierras y de otros sectores afectados por la exclusión, se organicen y exijan cambios orientados a una mayor justicia social y a la profundización de la democracia”.

Y rechaza el recurso a la violencia armada como método para resolver los conflictos sociales en el Paraguay, y exhorta a la resolución de conflictos en un marco de convivencia pacífica y de respeto a la vida y los derechos humanos de todas las personas.