Ha despertado mucha expectativa un proyecto que busca la recuperación del crédito mediante la eliminación de datos crediticios adversos. La iniciativa es del diputado kirchnerista Rubén Yazbek y será tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales luego del virtual receso de la Cámara baja de la próxima semana.
El proyecto propone eliminar el asiento negativo para quienes hayan regularizado o cancelado sus deudas, o extinguido la obligación que diera origen al informe impeditivo del crédito. Hoy, la ley establece que, habiendo cumplido con sus compromisos, aun así, la persona es mantenida en condición irregular por dos años.
El diputado Yazbek sostiene que “en la práctica, es fácil entrar y difícil salir”. Según expresó a parlamentario.com,
los acreedores y los registros informan las situaciones de mora fácil y
rápido, pero cuando el titular del dato regulariza o cancela, no
corrigen el asiento, y a veces lo conservan para siempre. Además, el
proyecto establece que quede claramente garantizado en la ley el
“derecho al olvido”.
Expresó el diputado catamarqueño que
“ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos transcurrido
un determinado tiempo, desde el momento en que finalizó el hecho al que
se refieren. Esto es para evitar que el individuo quede prisionero de
su pasado o lo conviertan en un muerto civil y comercial”.
En
ese sentido coincide con lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en el fallo Catania, donde se determinó que el dato
adverso, transcurridos 5 años, deberá eliminarse aunque la deuda sea
exigible. Así, lo que se impulsa es acortar los plazos para la
aplicación del derecho al olvido en deudas morosas menores a $10.000.
Asimismo,
el diputado kirchnerista aclaró que “no se condonan ni perdonan deudas,
podrán ser perseguidas para su cobro por todos los medios legales. Lo
que se está promoviendo es la eliminación definitiva de los asientos
inhabilitantes, que constan en los registros públicos y privados de
información comercial tipo Veraz, Fidelitas, Nosis, entre otros, con el
objetivo de que la persona recupere inmediatamente la posibilidad de
obtener nuevas financiaciones o créditos, una vez regularizado su
situación”.
Con la iniciativa también se busca poner un piso a
partir del cual se podrá informar situación irregular por mora, que
puede rondar entre 1 o 2 salarios mínimos. Esto en pos de evitar que se
afecte el crédito por deudas de montos mínimos. Situación que ocurre
regularmente porque muchos acreedores informan sin medir el daño que
ocasiona a las personas, que, o no han contraído la deuda o desconocen
que están asentados en el registro.
Yazbek expresa que “es un
proyecto de inclusión social, de alcance nacional, que pretende la
protección ante los abusos que comenten casas de créditos que están
fuera del sistema financiero y estafan a los asalariados y jubilados más
vulnerables. Así, algunas personas que aparecen como mororosos, incluso
con deudas pagas, tienen que recurrir a estos aprovechadores para
obtener un préstamo. Además, en general, el costo financiero que pagan
supera hasta 3 veces el costo de un crédito brindando por un banco
oficial”.
El proyecto goza de amplio consenso entre todos los
integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y ha sido
trabajado en varias reuniones de asesores desde que fue presentado.
Además, fue acompañado y cofirmado por diputados del Frente para la
Victoria y diputados otros bloques, como el Frente Cívico de Santiago.
También se han receptado otras iniciativas legislativas en ese sentido, y
varias propuestas de la Dirección Nacional de Datos Personales a fin
obtener un dictamen único.
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