Enviar Nota | Imprimir

AMPLIARContinúan atropellos contra los pueblos originarios

Continúan atropellos contra comuneros de Indio Colalao

A menos de siete días de la caminata convocada por la Comunidad Indio Colalao de la Nación Diaguita, desterraron un comunero no vidente en la Base Riarte: Don Elías Apaza, un anciano de 90 años fue expulsado por Freddy Moreno Núñez Vela. El terrateniente pretende apoderarse de 19.000 hectáreas, una extensión que representa más del doble de superficie que el propio departamento capital de Tucumán.

Como se sabe la Base Riarte, ubicada en el departamento de Trancas, zona limítrofe con Salta, viene sufriendo constantes atropellos de los latifundistas Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, quienes mantienen fuertes vinculaciones con el poder político de esta Provincia. Ante este nuevo atropello la Base se encuentra en estado deliberativo permanente, evaluando entre las posibles medidas una nueva movilización a la Ciudad Capital luego de este infame hecho.

Los recurrentes atropellos hacia los naturales se agravaron a partir del año 2003, cuando los sujetos mencionados, en connivencia con la Familia Prat Gay, encubrieron un negociado resultado del vaciamiento del Banco de Crédito Rural. Las vinculaciones de los Prat Gay en estas instancias fueron decisivas, puesto que el actual Diputado del ARI Alfonso Prat Gay, presidía el Banco Central de la República Argentina. En aquella oportunidad, la entidad liquidada tenía como garantía el territorio Colalao por la deuda contraída por Jorge Prat Gay, resultado de sucesivos préstamos solicitados, lo que llevo a la entrega del mismo a las firmas Zanja Honda y Agroavance, presididas por Moreno y Posse respectivamente.

Fue durante esos años que Moreno y Posse iniciaron una política de desterramiento de los habitantes originarios de Riarte, hostigándolos de manera constante: matando animales, amenazando a las familias para impedir  la siembra en los cercos comunitarios, restringiendo el uso del agua de acequia para el consumo diario y para la siembra. Las acciones de expulsión se agudizaron cuando se cerró la Escuela Primaria N° 31, dejando así a los niños sin derecho a la Educación. Desde entonces para compensar esta carencia los estudiantes comenzaron a caminar 14 km diariamente para asistir a una escuela en la Provincia de Salta, atravesando el Rio Anta, que en época de crecida por el caudal de agua, deben traspasar a través de dos cables suspendidos en el aire, realidad que hasta el día de hoy continua.

Respecto de esta situación la Comunidad reclamó al Ministerio de Educación de Tucumán sostenidamente desde el año 2006 por la Reapertura de la Escuela, sin que hasta el momento este organismo tomara cartas en el asunto, según manifestó la Cacica de la Comunidad, Maria Lilia Delgado, quien se preguntó “¿Cómo pretenden implementar la educación intercultural con escuelas cerradas y con comuneros perseguidos? El gobierno de Tucumán debe abandonar su postura tibia ante estos atropellos de los poderosos”.  

La situación de violencia extrema contra los comuneros obligo a estos a hacerse presentes la semana pasada en las calles de San Miguel de Tucumán para reclamar la intervención de los Estados Nacional y Provincial, en oportunidad de que funcionarios de ambas órbitas disertaban en el teatro San Martin, entre ellos el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Daniel Fernández, quien admitió la existencia de “…una situación de violencia y una actitud de matonaje por parte de empleados de la firma” reconociendo de esta forma la realidad contundente de los hechos de intimidación contra los pobladores de Riarte denunciado numerosas veces por éstos.

Desde octubre del año 2010 los terratenientes cerraron intempestivamente con un portón con candado, el único camino vecinal que permite el ingreso con vehículos a la zona, llegando al extremo de pedir documento a los comuneros que atravesaban el mismo, además de enviar allí sujetos armados. Con esta violenta maniobra expulsaron al Delegado de Base Riarte, Benito Toledo, cuando el Juez de Paz Ciro Castro junto a la Policía de Trancas “ordenados” por Moreno Núñez Vela, violentaron la vivienda del comunero y dejaron sus pertenencia en el Juzgado de Paz de El Jardín de la vecina provincia de Salta, a cargo del señor. Ismael Abadía.Durante los últimos días, con el compromiso asumido de los funcionarios públicos, se produjo éste nuevo atropello contra un anciano, mientras el Gobierno de Tucumán lejos de intervenir en la urgente situación dilató la reunión prevista entre el Ministerio de Educación y autoridades de la Comunidad Indio Colalao para tratar la reapertura de la Escuela N° 31 mostrando que no es prioritario el déficit educacional.