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AMPLIARProtesta de pueblos originarios

"Llevan adelante un plan sistemático para erradicarnos de nuestro territorio"

Integrante de la comunidad Indios de Colalao se movilizaron ayer frente a la Secretaría de Educación y luego marcharon a Defensoría del Pueblo. Denunciaron que dos terratenientes se apropiaron de tierras cerrando el camino. Piden que se reabra una escuela primaria.

“La comunidad Indios de Colalao viene con un conflicto muy grande desde hace más de dos años. En el Valle de Choromoro venimos siendo hostigados por personas que se quieren apropiar de nuestros territorios, con papeles de propiedad cuando en realidad son arreglos”, comentó Cintia Ovejero comunera de la Base Riarte de Indio Colalao. 

“El conflicto más grande es en Base Riarte que se encuentra en el límite con Salta. Desde el 2010 que se comenzó con el relevamiento territorial por ley nacional 26.160 y dos terratenientes quieren apropiarse del terreno: Fredy Moreno Néñez Vela, presidente de la firma Zanja Honda y Jorge Posse de Agroavance”, quienes además “cerraron el único camino en vehículo a la comuna, con un portón con candado, por lo tanto quienes necesitan asistencia médica no pueden pasar. Tampoco podemos llevar mercaderías nuestros hermanos porque no nos dejan entrar”, sostuvo. 

También exigen que se reabra una escuela “somos concientes que se viene llevando adelante un plan sistemático para erradicarnos de nuestro territorio, a través de muchos métodos, uno de ellos es el cierre de escuelas. Nuestra escuela primaria fue cerrada hace 10 años. Desde el 2008 le exigimos a la ministra que nos la abra porque nuestros niños tienen derecho a educarse”, sostuvo Ovejero. 

“Presentamos expediente por ambos temas en la Defensoría del Pueblo pero no tuvimos respuesta. Los niños deben ir a escuelas de Salta, o sea el Estado tucumano no se hace cargo. Para esto tienen que cruzar todos los días el río Anta, límite natural que tenemos con Salta y cuando crece lo deben hacer a través de cables suspendidos. A la escuela del Espinal demoran 30 minutos caminando”, aclaró. 

También reclaman "justicia para el delegado Benito Toledo, quien fue desterrado de la Base Riarte, mediante una acción violatoria de todo derecho: el Juez de Paz Ciro Castro y la Policía de Trancas, ordenados por Moreno Núñez Vela violentaron la vivienda del comunero, robándole todas sus pertenencias y dejándolas en el Juzgado de Paz de El Jardín de la vecina provincia de Salta, a cargo del señor Ismael Abadia. Todo esto ocurría en momentos en que él era objeto de amenazas de muerte por parte de hombres armados".