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AMPLIAREl fiscal general para causas por delitos de lesa humanidad, Jorge Auat

"La impunidad necesita una estructura de poder", dijo fiscal Auad

El fiscal general para causas por delitos de lesa humanidad, Jorge Auat, valoró el avance del primer juicio oral en Jujuy por crímenes del terrorismo de estado pero sostuvo que restan "enormes dificultades", derivadas de "la estructura de poder que sostiene la impunidad".

"La impunidad siempre tiene dos caras: una es la impunidad misma y la otra es el poder, porque la impunidad necesita una estructura de poder", dijo a Télam el titular de la Unidad Fiscal para causas por violaciones a los derechos humanos.

Auat recordó que en Jujuy nunca habían sido juzgados los represores del terrorismo de estado y prevalecía siempre la morosidad o el bloqueo en la investigación.

La movilización encabezada el 24 de marzo último por Milagro Sala y la organización Tupac Amaru "cambió la historia", ya que precipitó la salida del juez federal Carlos Olivera Pastor, acusado por Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy de "bloquear sistemáticamente los llamados a indagatoria de los acusados" en las innumerables causas.

El juez Fernando Poviña sustituyó a Olivera Pastor, denunciado ya "hace tres años" por la Unidad Fiscal ante el Consejo de la Magistratura, debido a la parálisis de las causas por crímenes de lesa humanidad que dejaron más de 130 víctimas en Jujuy.

"Lo de (Carlos Pedro) Blaquier quizás es el disparador que visibiliza el estado de las causas, pero la situación de Jujuy es grave hace mucho tiempo no sólo respecto de Blaquier", dueño del Ingenio Ledesma y uno de los empresarios más poderosos del país.

Blaquier está acusado de colaborar en el secuestro y desaparición de unos 30 trabajadores del Ledesma en la llamada "Noche del apagón", en julio de 1976, cuando militares, gendarmes y policías utilizaron en la represión vehículos con el logo de la empresa.

Para Auat, el esquema de impunidad excede a Olivera Pastor, ya que "había una decisión jurisdiccional de no avanzar en las causas" y complicidades, entre ellas las de raíz "corporativa".

"Por ejemplo, el abogado (Horacio Aguilar) de Blaquier es el ex juez federal de quien Olivera Pastor fue el secretario. Situación que muestra la trama de complicidades y esto hay que señalarlo", puntualizó.

El titular de la Unidad Fiscal insistió en que "no es solamente un juez", que en todo caso "no actúa en soledad", porque "es parte de un cuerpo, hay una jurisdicción, hay una cámara".

"Hay estructuras ocultas que generan compromisos múltiples con gente que quizás ya no está, pero con los que siguen vinculados como empleados que en algún momento estuvieron o le deben el cargo con el que ingresaron".

Como ejemplo, Auat citó el juzgamiento del ex juez Ricardo Lona en la vecina provincia de Salta. "Costó mucho encontrar fiscales y jueces que se hicieran cargo del caso, porque uno de los imputados era Lona, con el que tenían una relación de tipo personal".

En Jujuy, "no había dificultades objetivas operatorias. Lo que sí había era una decisión jurisdiccional de no avanzar en los trámites procesales", insistió.

"Después de la gran movida que hizo Milagro Sala con la Tupac Amaru se produjo el gran escándalo, renuncia Olivera Pastor y llega un nuevo juez (Fernando Poviña) que cita a Blaquier, hace allanamientos y otras medidas que no había tomado Olivera Pastor".

El titular de la Unidad Fiscal, que actúa en la órbita de la Procuraduría General de la Nación, valora la movilización de los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales en contra de la impunidad.

Las querellas y los fiscales, como la sociedad, están obligados a "pensar que (los acusados) son grupos que mantienen el poder y hay que trabajar para sortear todas las estrategias que seguramente tienen pensadas y que vamos a tener presentadas en los propios trámites de las causas, como pasó ahora".

"Sería ingenuo pensar que no vamos a tener dificultades. Sería ingenuo creer que esos grupos económicos, sociales y políticos no tienen poder, y no hablamos de aquellos días (durante la última dictadura) sino de su vigencia hoy", expresó.

Respecto de grupos económicos y empresarios, Auat distinguió entre los que sólo se beneficiaron con la última dictadura y los que participaron en la represión terrorista de estado.

"No estamos hablando solamente de empresas que tuvieron beneficios indirectos, estamos hablando de empresarios que tuvieron directa vinculación con los hechos", enfatizó.

"El caso de Blaquier es quizás el más emblemático. Hablamos de una imputación directa por la Noche del Apagón, que tiene una connotación muy fuerte con el crimen mismo que se está investigando, más allá incluso de la macrocriminalidad del terrorismo de Estado", concluyó.