La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recibió ayer un petitorio con 2 millones de firmas de ambientalistas de todo el mundo, para que rechace un proyecto de ley que amnistía a los agricultores que deforestaron la Amazonia, tema que preocupa al gobierno a menos de un mes de la cumbre Rio + 20.
El secretario general de la presidencia, ministro Gilberto Carvalho, y la ministra de Medio Ambiente, Isabella Teixeira recibieron a un representante de la organización no gubernamental Avaaz, que entregó el petitorio para que la mandataria "vete" el Código Forestal, aprobado en el Parlamento.
El proyecto obtuvo el respaldo del poderoso Bloque Ruralista,
integrado por legisladores que representan a los grandes
exportadores de soja, así como productores medios, quienes
argumentan la necesidad de defender el "agronegocio".
"El mundo entero está preocupado con el retroceso que va a
traer este código forestal...Brasil no está obligada a obedecer
a la opinión pública mundial, pero debe dar una respuesta" a los
problemas ecológicos, declaró Pedro Abramovay, coordinador de la
ong Avaaz.
Brasil es considerada la mayor potencia ambiental del mundo, gracias a su biodiversidad albergada principalmente en la región amazónica, de unos 4 millones de km2, y amenazada por el avance de la explotación de soja y el talado de sus bosques con maderas muy bien cotizadas en el mercado externo.
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