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AMPLIARCháin es el de campera marrón

Apartan a funcionario de Tucumán imputado por crímenes de lesa humanidad en Salta

Un nuevo juicio oral y público por 18 causas de crímenes de lesa humanidad cometido en Salta comenzó el lunes y está previsto que se extienda hasta mediados de diciembre, ya que se prevé que declaren 250 testigos. Entre los imputados se encuentra el ex militar Fernando Antonio Chain, quien hasta ayer era funcionario de Seguridad en Tucumán.

Un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad comenzó en Salta. Se trata de una Mega causa, con 34 casos, 250 testigos y 20 imputados. Uno de ellos es el teniente instructor Fernando Antonio Chain, quien hasta ayer se desempeñaba como Subsecretario de Control de Gestión en el Ministerio de Seguridad Ciudadana. Pasadas las 20 de ayer, de la página oficial del gobierno de Tucumán, www.tucuman.gob.ar, quedó borrado su nombre y fuentes consultadas por TucumánHoy confirmaron que ante el conocimiento de su situación procesal se le aceptó la renuncia, aunque no se especificó la fecha de su publicación en el Boletín Oficial, hecho que ocurría, probablemente en la edición de hoy. 

Este juicio resolverá la situación de 20 imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio.

Durante el desarrollo de las audiencias, que se desarrollarán los lunes y martes en doble jornada, y que se extenderán por lo menos hasta el 18 de diciembre próximo, alrededor de 250 testigos brindarán sus testimonios.

El juicio es seguido por teleconferencia desde Rosario el imputado por Milton Modesto Mendia, en tanto que desde Buenos Aires hacen lo propio Héctor Luis Ríos Ereñú, Miguel Gentil y Carlos Mulhall.

En este debate también están imputados Joaquín Guill, Juan Carlos Alzugaray, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Roberto Puertas, Abel Vicente Murúa, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, y Virtom Modesto Mendíaz.

A ellos se suman Juan Manuel Ovalle, Ubaldo Tomislav Vujovich Villa, Ricardo Benjamín de la Vega, Fernando Antonio Chain, Marcelo Diego Gatto, Joaquín Cornejo Alemán y Víctor Hugo Almirón.

La causa principal fue caratulada "Guill, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda".

A esta causa se le acumulan otras 17 causas, por 34 víctimas, muchas de las cuales estaban vinculadas con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), institución que se constituyó como una de las partes querellantes en el juicio. 

Los 34 casos 

La requisitoria fiscal, el lunes, repasó cada uno de los 34 casos que son objeto de este juicio, detalló la militancia política de cada una de las víctimas, y los delitos por los que en cada caso acusa a los 20 imputados que comenzaron a ser juzgados.

El ex jefe de inteligencia de la Policía, Joaquín Guil, y el ex jefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, están acusados por 18 homicidios doblemente agravados.

A Guil se le atribuye participación en los asesinatos de Eduardo Fronda, Luciano Jaime, Alfredo Mattioli, Marcos y Liendro Estopiñán, Ricardo Tapia, Pedro Bonifacio Vélez, Aldo Víctor Bellandi, Ramón “Chicho” Gallardo, Carlos Mosca Alsina, Oscar Bianchini, Néstor Miguel Díaz, Juan Carlos Parada Mallo, Martha Beatriz Cascella, Silvia Aramayo, Héctor Gamboa, Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, Martín Miguel Cobos y Carlos Estanislao Figueroa Rojas. El fiscal también acusó a Guil por delitos de privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales en relación a estos hechos, y por la detención de Aldo Víctor Bellandi. El ex comisario general ya está condenado en las causas Ragone y Palomitas.

A Mulhall –también convicto por Ragone y Palomitas- se lo responsabiliza por los asesinatos de Felipe Burgos, las hermanas Francisca y Carmen Torres, René Russo, Raúl Osores, Felipe Rodolfo Pizarro Gallardo, Nolberto Guerrero, Reynaldo Isola, Luis Risso Patrón, Jorge René Santillán, Víctor Mario Brizzi, Fernández Arcieri de Gamboa, Gamboa, Cobos, Figueroa Rojas, Mosca Alsina, Bianchini, Díaz. Y deberá responder también por las detenciones ilegales y las torturas a Bellandi, Juana Isabel López y Ernesto Luis Mamaní.

El ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil –convicto por Ragone y Palomitas- debe responder por seis homicidios agravados, por Jaime, Mattioli, los hermanos Estopiñán, Tapia y “Chicho” Gallardo.

Virtom Modesto Mendíaz, que ocupara la subjetura y jefatura de la Policía, debe responder por los homicidios de Cobos, Figueroa Rojas, Aramayo y del matrimonio de Fernández Arcieri y Gamboa.

El comisario Abel Vicente Murúa está acusado por el asesinato de “Chicho” Gallardo, Aramayo, Parada Mallo y Cascella, y por amenazas a Brunilda Rojas, madre de Silvia Aramayo.

El ex jefe del Regimiento de Monte 28, Héctor Ríos Ereñú, está acusado por los secuestros y homicidios del médico Pedro Urueña y del gremialista Jorge René Santillán.

Juan Carlos Alzugaray, ex policía federal y ex guardiacárcel, está acusado por el homicidio de Fronda.

Al policía Raúl Toledano el fiscal le atribuyó ser el autor del secuestro y homicidio del también oficial de la policía Pedro Vélez, asesinado en mayo de 1977. Julio Oscar Correa, que fue comisario en Güemes, está acusado de privación ilegal de la libertad, por las hermanas Torres y Pizarro Gallardo. Una acusación similar pesa sobre el policía y ex futbolista Mario Pachao, en este caso en relación a Mamaní. El comisario Víctor Hugo Almirón, que estuvo al frente de la Comisaría IV (donde funcionó un centro clandestino de detención) está acusado en relación a los secuestros y homicidios de Bellandi, Díaz y “Chicho” Gallardo.

Juan Manuel Ovalle, el primer civil que es juzgado en Salta por crímenes de lesa humanidad, está acusado de privación ilegal de la libertad agravada por el secuestro de Aramayo, de quien era alumno en la Universidad Nacional de Salta.

Quien fuera segundo jefe del Ejército en Salta, Joaquín Cornejo Alemán, es responsabilizado también por la desaparición de Brizzi. Y los militares Fernando Antonio Chaín, Marcelo Diego Gatto, Ricardo Benjamín Isidro de la Vega y Ubaldo Tomislav Vujovich Villa son juzgados por privación ilegal de la libertad agravada de este soldado.

La lectura de la acusación contra el policía Jacinto Ramón Vivas no se hizo debido a que debió ser hospitalizado por una baja brusca de la presión. También están siendo juzgados los polilcías Felipe Caucota y Roberto Puertas.