AMPLIARTerratenientes brasileños avanzan sobre CuruguatyCampesinos paraguayos de Curuguaty rechazan cultivo de soja
La intención de un grupo de personas, mayoría brasileños, de iniciar las plantaciones de soja en la colonia Maracaná, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú, provoca el rechazo de la población que considera una amenaza al ambiente, a la naturaleza y a los hábitos de vida de esa tranquila población campesina.
“Cultivar soja es destruir bosques, contaminar el aire y los recursos naturales, proliferar el desarraigo de paraguayos y ceder tierra a brasileños, quienes la destruyen, sin buscar asentarse”, fueron las palabras con las que un lugareño expresó la preocupación colectiva sobre el tema, ante la Mesa Interministerial de Participación Ciudadana y Protagónica, promovida por el Gobierno Nacional.
Otros de los motivos de rechazo a la
sojización son las consecuencias nocivas sobre la salud humana y animal,
debido a la aplicación de plaguicidas, pero sobretodo los pobladores
están preocupados ante el peligro de perder las fronteras nacionales,
informó prensa del Servicio Nacional de Calidad Vegetal y de Semillas (Senave).
“Desde Encarnación a Saltos del Guairá, nuestro territorio ya no es de
paraguayos, violentados en permanencia por los productores de soja que
vuelcan toneladas de veneno todo el año, y contaminan los cursos de
agua, por lo cual mueren nuestros animales y personas a causa de la
fumigación”, declaró otro de los participantes en el encuentro
interinstitucional, quien afirmó que las leyes persiguen sólo a los
pequeños productores.
Carolina Álvarez, de la Dirección de
Capacitación y Participación Ciudadana del Senave declaró enfáticamente
que la institución no prohíbe el cultivo extensivo de soja ni de ninguna
semilla, pero sí la aplicación de plaguicidas que violan las medidas
de protección que establecen las leyes y normas que benefician a la
ciudadanía.
La profesional explicó detalles de la legalidad
que rige sobre los cultivos mecanizados en asentamientos de la Reforma
Agraria, de acuerdo al Estatuto Agrario y la Ley 3742/09, que fijan
condiciones prohibitivas para la utilización de plaguicidas en la
cercanía de asentamientos.
La ley que aplica el Senave para
cultivos agrícolas establece que el productor debe dejar una franja de
seguridad de 100 metros entre el cultivo tratado con plaguicidas y
centros educativos, puestos de salud, plazas, cursos de agua y todo
lugar de concentración de personas.
La representante del Senave
también presentó trabajos elaborados por la institución con el objetivo
de contribuir a recuperar la soberanía genética y una alimentación
sustentable, temas que serán analizados el primer día de junio, en la
siguiente reunión, prevista por la mesa interministerial.
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