El proyecto de ley, que lleva la firma de Silvia Elías de Pérez y Ariel García, busca extender el horario de cierre hasta las siete. Además prevé mayor presencia policial en las zonas de locales nocturnos, la circulación obligatoria de ómnibus durante toda la noche y la creación de una comisión que investigue las denuncias que pesan sobre el IPLA.
Ayer una multitud de jóvenes con remeras moradas llenó de bullicio el flamante edificio de la legislatura.
Tras los pasos de Silvia Elías de Pérez y Ariel García, unos cincuenta dirigentes estudiantiles de todas las facultades se hicieron presentes en mesa de entradas, para presentar un proyecto de ley que tiene como finalidad cambiar la regulación vigente de horarios de apertura y cierre de boliches.
La iniciativa consta de seis artículos en los que se abordan cuatro temas. Se establece que el horario de cierre de los boliches pasará de las cuatro de la mañana, como rige en la actualidad, a las siete. Se prevé también el aumento de un cien por ciento de presencia policial en las zonas aledañas a lugares nocturnos de recreación y se exhorta a los municipios a garantizar que el servicio de transporte público de colectivos funcione durante toda la noche con una frecuencia mínima de media hora.
Sobre estos puntos, Elías de Pérez expresó que “no se puede resolver un problema complejo encarando de manera aislada sólo una de sus aristas”. “El proyecto que elaboramos junto a los dirigentes de Franja Morada intenta encarar el tema de forma global. No tiene sentido pensar que les hacemos un favor a nuestros jóvenes dejándolos en la calle a las cuatro de la mañana, sin transporte ni seguridad”, explicó la parlamentaria.
“Más allá de cualquier límite horario que se le ponga a las fiestas, quienes debemos poner horarios, límites y enseñar conductas positivas a los jóvenes somos nosotros; la familia”, opinó. “En este caso decidimos fijar como límite horario las siete de la mañana porque es un horario en el que amaneció o comienza a amanecer. La idea es que los chicos puedan retornar a sus casas contando con la luz del día”, agregó.
En el mismo sentido opinó el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, Martin Rivas. “El régimen legal actual es una trampa. A las cuatro de la mañana muchos jóvenes no pueden volver a sus casas porque no hay colectivos y no les queda más remedio que esperar a las seis de la mañana en la calle. Por otro lado, quienes quieren seguir divirtiéndose optan en muchos casos por asistir a afters, donde no hay controles de ningún tipo ni se cumplen normas mínimas de seguridad”, afirmó.
En su proyecto, el radicalismo propone la creación de una comisión de seguimiento para saber qué acciones de prevención viene realizando el IPLA e investigar la forma en la que actúa en el marco de las inspecciones. De aprobarse la norma, esta comisión estaría presidida e integrada de forma mayoritaria por la oposición. “De lo contrario sería como poner el lobo a cuidar las ovejas”, ironizó Elías de Pérez.
A su vez explicó que “al poco tiempo de aprobarse el decreto que estableció el límite de las 4 de la mañana empezaron a generarse denuncias sobre abusos por parte del IPLA. Como pocas de ellas se formalizaron, creemos necesario generar un ámbito donde la gente pueda acercar sus inquietudes e impulsar las medidas correctivas necesarias en caso de que corresponda”.
Nicolás Dazkalasky, dirigente de la Facultad de Psicología, se refirió a la denuncia de presuntos abusos por parte del IPLA que tomó estado público a través de las redes sociales. “Nuestros gobernantes no pueden mirar hacia otro lado mientras cientos de jóvenes denuncian los atropellos permanentes del IPLA. Ingresan a las casas de forma autoritaria e ilegal. Hubo casos de violencia física y moral”, afirmó. “Hasta que no se modifíquela ley absurda de las 4 AM seguiremos manifestándonos”, concluyó.
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