El juez federal, Horacio Poviña, quien reemplaza al recientemente renunciado Carlos Olivera Pastor en el juzgado 2 de Jujuy, debe resolver sobre el pedido de detenciòn del industrial azucarero Pedro César Blaquier y del ex administrador general del Ingenio Ledesma Alberto Lemos.
La noche del 27 de julio de 1976 se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, mientras policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa Ledesma allanaron y saquearon viviendas en Libertador General San Martín y Calilegua. En vehículos de la empresa se trasladaron más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales a galpones de mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecerán días y meses atados y encapuchados. Tras las torturas e interrogatorios, algunos prisioneros son liberados o enviados a comisarías y cuarteles militares, otros destinados a cárceles de distintas provincias.
Ambos están acusados de ser los principales responsables del hecho conocido como "La noche del apagón", ocurrida en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, en julio de 1976, y que dejó un saldo de 55 detenidos desaparecidos.
El tucumano Fernando Poviña, quien subroga el juzgado federal 2 de Jujuu, luego de la renuncia de Carlos Olivera Pastor, tiene plazo hasta este lunes para resolver un pedido de detención del presidiente del directorio de Ledesma SA, Carlos Pedro Blaquier y del ex administrador general de la firma Alberto Lemos.
Tanto Blaquier como Lemos figuran en la causa judicial como los principales responsables de "La noche del apagón", ocurrida en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, en julio de 1976, cuando efectivos militares y policiales en camiones con logos identificatorios de la empresa azucarera sacaron de sus viviendas a 55 personas, las que pasaron a engrosar la terrorifica lista de detenidos desaparecidos.
La Cámara Federal de Salta, ante un pedido del fiscal Federal Domingo Batule, dio un plazo de cinco días para que el juez jujeño se pronuncie sobre el pedido de detención e indagatoria de Blaquier y Lemos.
La medida fue dirigida en primera instancia
al ex juez Federal jujeño Carlos Olivera Pastor, quien renunció al cargo acusado
de morosidad en las causas de lesa humanidad. Poviña asumió su cargo el lunes
pasado, desde donde se cuentan los cinco días de plazo que dispuso la Cámara Federal de
Salta
Según publicó en su edición del pasado viernes Nuevo Diario, citando fuentes judiciales en Salta, el pasado cinco de marzo, el
fiscal Domingo Batule solicitó a Olivera Pastor "pronto despacho" al
pedido de detención e indagatoria de Blaquier y Lemos, requeridos el 13 de
julio del 2009 y el 11 de octubre del 2011.
El 7 de marzo pasado, Olivera Pastor, según la resolución de
la Cámara Federal de
Salta, dispuso una serie de medidas de prueba que consideraba necesarias
"previo a resolver", sin pronunciarse respecto a la petición del
fiscal.
Ante ello, Batule presentó una queja por retardo de justicia, que llegó a
la Cámara Federal el
19 de marzo, la que resultó admisible para el cuerpo, el 28 de marzo, donde se
establecía el plazo de cinco días. La resolución está firmada por el presidente de
la Cámara, Renato Rabi Baldi
Cabanillas y los vocales Jorge Luis Villada y Roberto Loutayf Ranea.
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